• Así se destaca en el manifiesto que se ha hecho público en el boletín número 479 del ‘cermi.es semanal’
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(Madrid, 29 de abril de 2022). – El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha defendido que la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad deben comenzar desde la infancia, puesto que en esta primera etapa las niñas y los niños con discapacidad y su entorno familiar están más expuestas a la quiebra de sus derechos y a sufrir la carencia de apoyos y recursos que comprometan su proceso de inclusión, lo que condiciona gravemente su futuro.

Así se destaca en el manifiesto que ha hecho público en este semanal con motivo del Día Nacional en España de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de mayo, y cuyo lema este año es: “niñas y niños con discapacidad, inclusión desde el principio”.

En el documento, el CERMI además de abogar por una inclusión temprana, también ha exigido que se garantice, entre otros, el derecho a la salud, a una atención y prestación sanitaria de calidad, y el derecho al ocio inclusivo.

Asimismo, en el manifiesto se alude a las estadísticas más recientes sobre discapacidad (EDAD 2020, que se han presentado este mismo mes, y de las que se extrae que en España hay 106.300 personas de entre seis y quince años que presentan alguna discapacidad, 70.300 niños y 36.000 niñas.

Por último, en el manifiesto también ha pedido que “la próxima implantación en España de la Garantía Infantil, como mecanismo específico dirigido al bienestar de la infancia, asuma la dimensión inclusiva de atención intensificada a las niñas y los niños con discapacidad”.

En este boletín además se incluye una noticia relativa al acto institucional de celebración del 40 aniversario de la LISMI (Ley General de Discapacidad) en el congreso de los diputados, y en el que ha intervenido el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno para reclamar que el mejor homenaje a la LISMI, en su 40 aniversario, es modificar el artículo 49 de la Constitución a fin de que España, erradique el término disminuidos de la Carta Magna y sitúe a las personas con discapacidad en el marco de los derechos humanos que establece la Convención de Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, en otra noticia se informa de que la ministra de Justicia, Pilar Llop, se muestra dispuesta a “consensuar” con el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir del mismo el término ‘disminuidos’ para referirse a las personas con discapacidad.

Por lo que respecta a CERMI Mujeres, en el boletín 479 se incluye una nota en la que se informa que, a partir de ahora, las estadísticas judiciales tendrán que desagregar los datos de violencia de género por la variable de discapacidad. Una iniciativa legislativa que obedece a una propuesta que hizo la Fundación CERMI Mujeres en la fase de elaboración de la futura norma, y que ha sido atendida por el Ministerio de Justicia.

Por otro lado, en su semanal el CERMI también incluye dos entrevistas: a Yannis Vardakastanis, presidente del Foro Europeo de la Discapacidad (European Disability Forum, EDF) y a Daniel Domínguez, asesor de movilidad inclusiva del CERMI, además de un reportaje sobre Lara Oltra, miembro de la junta directiva de Aspaim Comunidad Valenciana que vive con lesión medular.

Igualmente, en el boletín 479 este Comité ha publicado dos noticias más: la primera referente a un estudio realizado por la Fundación Bequal y en el que se recomienda flexibilizar los planes urbanísticos y destinar una mayor inversión a la mejora de la accesibilidad para avanzar en la inclusión de los 4,38 millones de personas con discapacidad que viven en España; y la segunda sobre la presentación del ‘Plan Adapta Madrid 2022’ destinado a la eliminación de barreras arquitectónicas de las viviendas.

Finalmente, el boletín 479 informa de que el CERMI ha celebrado la decisión del Ministerio de Justicia de reservar un 5 por 100 a personas con discapacidad en la convocatoria de becas para la preparación de pruebas de acceso a profesiones jurídicas públicas.