El CERMI expone al presidente del Tribunal Constitucional las principales cuestiones del movimiento de la discapacidad en materia de derechos fundamentales

Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, junto al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro José González-Trevijano SánchezEl presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha expuesto al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro José González-Trevijano Sánchez, en una reunión presencial mantenida hoy, las principales cuestiones del movimiento social de la discapacidad español en materia de derechos fundamentales y libertades públicas.

Con motivo de su reciente designación como nuevo presidente del TC, el CERMI solicitó una entrevista con el presidente de este Alta Institución del Estado para compartir la agenda de asuntos del sector social de la discapacidad con mayor relevancia constitucional.

En la reunión, el CERMI ha expresado su valoración positiva de la última jurisprudencia constitucional sobre temas de discapacidad, que recogen el enfoque de igualdad de trato y no discriminación en materias como el empleo o el acceso a los servicios sociales.

También, ha dado a conocer al presidente del TC su posición sobre la reforma en curso del artículo 49 de la Constitución Española, dedicado a las personas con discapacidad, y sobre la necesidad de reforzar constitucionalmente la promoción y protección de los derechos sociales.

El CERMI ha compartido asimismo avances legislativos para las inclusión de las personas con discapacidad, promovidos desde la sociedad civil, como la extensión del derecho de voto, la abolición de la esterilización forzosa, la reforma civil para implantar la igual capacidad jurídica civil de las personas con discapacidad o la próxima regulación legal de la accesibilidad cognitiva.

Finalmente, el CERMI ha ofrecido información sobre el impacto de la pandemia ocasionada por el coronavirus en los derechos de las personas con discapacidad y sus familias y la necesidad de fortalecer su protección en casos de crisis masivas de salud pública, con extensión a los ámbitos económico y social.

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