• Así se ha planteado en un seminario virtual sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, organizado por el CERMI con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

(Madrid, 28 de enero de 2022). – El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) junto con el apoyo económico del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha abordado el impulso legislativo necesario para trasladar al Derecho nacional español la última gran norma sobre accesibilidad adoptada por la Unión Europea. Todos los participantes han coincidido en la urgencia de acortar los plazos de ejecución de la norma y exigir al gobierno español que “no se extienda en el tiempo”.

Así lo han manifestado durante la celebración de un seminario virtual sobre ‘la transposición al Derecho interno de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 de accesibilidad a productos y servicios que ha tenido lugar este viernes.

Durante el seminario, se ha estudiado la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 2019. En este sentido, han analizado los nuevos deberes de accesibilidad para España derivados de ella, las expectativas de las organizaciones de la discapacidad ante la transposición de la Directiva y las oportunidades para la accesibilidad TIC y orientaciones en el proceso legislativo español, entre otros.

El acto de apertura ha contado con la participación de la vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad, vicepresidenta del Comité CEDAW y vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez y de la vicepresidenta del CERMI Estatal, presidenta de la CNSE y presidenta de la Comisión de Acceso Universal del CERMI Estatal, Concepción Díaz Robledo.

En su intervención, la vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha destacado que la base jurídica que tiene la Directiva europea de accesibilidad toma como referencia el artículo 114 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea, es decir, la regulación del mercado interior. “No se utilizó la base jurídica del artículo 19 que hace referencia a la lucha contra la discriminación” ha aclarado. Para ella, esto es una importante debilidad que debería subsanarse.

“Todavía hay muchos países que están por detrás de España en cuanto a compromiso y legislación en materia de accesibilidad. Por ello, desde El Foro Europeo de la Discapacidad aplaudimos esta Directiva porque complementa la legislación española y deseamos que avancen en los requerimientos para mejorarla” ha comentado.

La vicepresidenta del CERMI Estatal, presidenta de la CNSE y presidenta de la Comisión de Acceso Universal del CERMI Estatal, Concepción Díaz Robledo, ha expresado la urgencia de acometer la transposición al Derecho Interno en conformidad con la Directiva (UE) 2019/882 de accesibilidad a productos y servicios, para cumplir los plazos que la misma establece y que España no incurra en infracción de normativa comunitaria. Quedan muy pocos meses y está todo pro hacer por parte del Gobierno.

En esta inauguración también ha participado el director General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, quien ha reconocido que este tipo de seminario son “una herramienta poderosa de incidencia”. Además, ha anunciado que se está estudiando el establecimiento de un mecanismo de coordinación y comunicación y ha trasladado el compromiso desde el Gobierno de España de complementar esta norma con la aprobación de un reglamento que fijará las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de bienes y servicios.

En este sentido, ha hecho referencia a que España a diferencia de otros Estados miembro cuenta con una legislación amplia en materia de accesibilidad y cumple con lo establecido en la Directiva. “Necesitamos esta ley esta transposición vea la luz cuanto antes, sobre todo, por aquellos estados que todavía tienen una legislación menos sólida en materia de accesibilidad” ha finalizado.

A continuación, el siguiente bloque moderado por el delegado del CERMI Estatal de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, Gregorio Saravia Méndez, ha sido iniciado por el director de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE y miembro de la Comisión de Trabajo de Acceso Universal del CERMI Estatal, Jesús Hernández Galán quien ha centrado su ponencia en los nuevos deberes de accesibilidad para España derivados de la Directiva (UE) 2019/882 y ha analizado detenidamente los requisitos que incluye la nueva legislación, así como sus ventajas y déficits como el hecho de que algunos sectores como los servicios de salud, de educación, vivienda, entre otros, queden excluidos de la Norma europea.

Aun así, Hernández considera que esta directiva constituye “un hito y un impulso importante en el plano internacional” porque aquellas empresas que estén generando servicios para la ciudadanía desde el diseño van a tener que incorporar criterios de accesibilidad.

Al hilo de la conversación del ponente anterior, el experto en temas de discapacidad y miembro del Foro Europeo de la Discapacidad, Alejandro Moledo, ha hablado durante su ponencia de la Directiva Europea de Accesibilidad. Durante su intervención, ha hecho referencia a la necesidad de una transposición ambiciosa con planificación de los siguientes pasos.

En este sentido, entre las próximas acciones se encuentra la revisión de los 3 estándares europeosen materia de accesibilidad, al tiempo que se propondrá la creación de otros 3 más siendo un total de 6 estándares europeos. Entre ellos, se encuentra un servicio de emergencia que asegure recibir llamadas de manera accesible.  En su discurso, Moledo también ha insistido en la importancia de acortar los plazos. “Se pretende que sea para 2025, algo desmesurado e inadmisible” ha sentenciado.

La Mesa Redonda del seminario virtual, moderada por la directora del CEAPAT- IMSERSO, Tatiana Alemán, ha contado con la participación de la directora de Cocemfe, Elena Antelo García; la directora gerente de la CNSE, María Sol González Acedo; la asesora de Accesibilidad Universal del CERMI, Fefa Álvarez; y distintos representantes de Fiapas, Predif y ONCE. Esta mesa redonda ha estado centrada en las expectativas de las organizaciones de la discapacidad ante la transposición de la Directiva (UE) 2019/882.

A través de la directora de Cocemfe, Elena Antelo García se ha reivindicado un seguimiento y control de la norma a través de mecanismos efectivos, ágiles y realistas para la sanción, el cumplimento de plazos, reducción de estos y la concreción de algunas medidas. “Desde COCEMFE, nos parece que todo lo que trae la normativa es muy positivo, pero creemos que tiene carencias” ha confesado.

En este sentido, la directora gerente de la CNSE, María Sol González Acedo ha abogado, como el resto de participantes, por acortar los plazos porque “son el principal problema”. Otro matiz fundamental que ha subrayado es la necesidad de que las personas encargadas de desarrollar estos servicios cuenten con la experiencia de las entidades de la discapacidad para que el resultado sea “eficaz y útil”.

Por su parte, la asesora de Accesibilidad Universal del CERMI, Fefa Álvarez ha mostrado su deseo de que “en la transposición de la directiva exista la posibilidad de reducir los plazos” y su preocupación de que no se consoliden los avances. “Mi esperanza es que en el futuro Plan Nacional de Accesibilidad se reviertan las carencias de formación” ha revelado.

A continuación, ha tenido lugar la intervención del director General de Predif Ignacio Osorio de Rebellón Villar quien ha coincidido en que “esta Directiva es insuficiente”. “No podemos esperar a 2030 para tener un numero de emergencia accesible para toda la ciudadanía. Según Osorio, es en la calidad de la normativa donde hay que poner el foco y alerta de un seguimiento de control que permita sancionar.

Por su parte, Raquel Prieto Martínez, Gerente de Fiapas ha mostrado una visión más positiva de la situación. “Que tengamos, por fin, la transposición de la directiva europea es una buena noticia porque garantiza prestaciones mínimas en materia de accesibilidad” ha añadido.

Por último, Luis Palomares Nájera, responsable de la Unidad de Información y Accesibilidad de ONCE se ha referido precisamente a las carencias que esta normativa posee. “Esta normativa deja fuera aspectos, entornos y servicios como los transportes públicos urbanos, la vivienda, la educación, sanidad, etc., y ha manifestado su preocupación por las cláusulas sobre los ajustes razonables y la carga desproporcionada.