• Responsabilidad de la Administración General del Estado.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con la colaboración de los CERMIS Autonómicos, denunciará los diez incumplimientos más graves en materia de accesibilidad universal que se produzcan en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

A partir de la información que proporcionen los 19 CERMIS Autonómicos, a los que se les ha pasado un cuestionario de denuncia, el CERMI Estatal recopilará y ordenará las quejas recibidas sobre infracciones a los deberes legales de accesibilidad vigentes, para confeccionar finalmente 10 denuncias por cada territorio de comunidad o ciudad autónoma, por lo que saldrán casi 200 reclamaciones.

Estas denuncias se dirigirán contra entornos, bienes, productos y servicios, de importancia cívica, que no reúnan las condiciones de accesibilidad universal exigibles normativamente y de los que sea titular o su gestión esté atribuida a la Administración General del Estado, o a sus organismos, entidades y empresas dependientes o adscritos.

Una vez reunido todo el elenco de denuncias, se presentarán colectivamente a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Atención a la Discapacidad del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para que abran investigación, se inste la subsanación y eventualmente se imponga sanción por los incumplimientos.

Con esta iniciativa del movimiento CERMI, se busca mantener la conciencia sobre la observancia de los mandatos de accesibilidad universal, muy laxa en España y que supone una de las vulneraciones más insistentes e insidiosas de los derechos de las personas con discapacidad.