El CERMI denuncia la falta de voluntad política de la UE para adoptar una directiva general de no discriminación

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado la falta de voluntad política de la Comisión Europea para promover y aprobar una directiva general contra la discriminación en todos los ámbitos, que proteja integralmente a las personas con discapacidad.

Así lo ha expuesto la plataforma española de la discapacidad durante su participación en la jornada “Colmando las lagunas de la legislación de la Unión Europea en materia de no discriminación”, promovida por Equinet (European Network of Equality Bodies) y la Alianza Española por la Ley de Igualdad de Trato, y coordinada por la diputada europea Mónica Silvana González.

En el evento, participaron personas expertas en igualdad, así como representantes de distintas instancias involucradas con la defensa y promoción de los derechos humanos en la Unión Europea.

Todas las ponencias coincidieron en señalar la necesidad urgente de contar con una nueva Directiva de la Unión Europea referida a la igualdad de trato ya que la tramitación de esta se encuentra paralizada en la Comisión Europea desde hace más de 10 años.

Los representantes españoles compartieron que en nuestro país sí está fraguándose una respuesta legislativa en el Congreso de los Diputados, con el impulso de la Proposición de Ley integral para la Igualdad de trato y la no discriminación.

Para que esta legislación nacional avance se ha creado la Alianza por la Ley de Igualdad de Trato junto, en la que está presente el CERMI junto con otras organizaciones como Accem, Asociación Rumiñahui, CESIDA, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, FELGTB, Fundación Secretariado Gitano, HOGAR SÍ, Movimiento por la Paz-MPDL, Red Acoge, Save The Children y Pro-Vivienda.

Esta Alianza actúa en el plano español para incidir conjuntamente en la nueva legislación para que resulte lo más amplia, integral, protectora y eficaz posible.

El CERMI, como entidad unitaria global del movimiento social de la discapacidad, representa a uno de los grupos de población más expuestos a la discriminación y la desigualdad, por lo que es del máximo interés que la legislación en preparación salga en los mejores términos para que sea una normativa útil en la garantía de la igualdad de trato.

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