Las ayudas oficiales del ministerio de Cultura y Deporte para la organización de festivales y certámenes cinematográficos, incluidas las ceremonias de entrega de premios de reconocido prestigio en España, considerarán la accesibilidad y la participación de personas con discapacidad como trabajadoras de los mismos.

Así lo establece la Orden CUD/888/2021, de 5 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España previstas en el artículo 32 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y que recoge parte de las aportaciones que en el trámite de elaboración planteó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Esta orden de bases incorpora novedades en los requisitos de acceso a las ayudas, los gastos subvencionables y en los criterios de valoración, principalmente orientadas a favorecer la accesibilidad universal, la sostenibilidad, el avance en la igualdad de género y el apoyo a la transición digital de los certámenes, que ha supuesto cambios de formato (del presencial al telemático o al híbrido).

Así, se valorarán las medidas adoptadas para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad como también la participación de personas con discapacidad en el evento.

Respecto al fomento del empleo, se incluye una referencia expresa a la necesidad de que las empresas cumplan con la obligación sobre la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con  discapacidad, en el caso de que les sea aplicable, que establece el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; con la exigencia de que para acceder a las ayudas se acredite dicho cumplimiento mediante la aportación de una declaración responsable al efecto.

Además de ello, se incorpora la exigencia, para los festivales o certámenes de presupuesto superior a 250.000 euros, de emplear al menos a una persona con discapacidad con un grado igual o superior al 33 % reconocido como tal por el organismo competente.