El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado que en la nueva Ley General de Telecomunicaciones, cuyo anteproyecto está ahora en fase de elaboración, se declare expresamente el derecho a la conexión digital por parte de la ciudadanía, constituyendo obligación de los poderes públicos asegurar su efectividad.

El acceso al entorno digital es hoy un factor clave para la participación comunitaria y la inclusión social, así como para el ejercicio real de otros muchos derechos, por lo que si no existe garantía de conectividad para operar en entornos digitales, muchas personas y grupos de población, entre ellos el de las personas con discapacidad, quedarán excluidos de la vida en comunidad.

A juicio del CERMI, y así lo ha puesto de manifiesto esta entidad en su documento de aportaciones al Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones redactado por el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la nueva norma legal debe establecer como derecho de nuevo cuño el de la conexión digital, regulando las condiciones para su pleno despliegue.

Además de formular este derecho de conexión, las alegaciones del CERMI a la iniciativa normativa se dirigen a que las telecomunicaciones y los servicios tecnológicos a ellas asociadas sean universalmente accesibles y que la nueva norma fomente la infoinclusión de las personas con discapacidad y de edad avanzada.