• Llama a tomar en consideración a las mujeres con discapacidad víctimas de explotación sexual
• Plantean los principales retos en materia de violencia contra la mujer

(Madrid, 19 de mayo de 2021). – La Fundación CERMI Mujeres (FCM), en calidad de vocal, ha participado este miércoles en la reunión del Pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en la que se ha aprobado el Informe anual sobre la Violencia sobre la Mujer. La cita ha sido presidida por la ministra de Igualdad, Irene Montero y por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

Este Observatorio, adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, tiene como objetivo asesorar, evaluar y colaborar de manera institucional para la elaboración de informes y estudios, así como propuestas de actuación en materia de violencia de género.

Durante la reunión, Montero ha recordado a las tres últimas víctimas mortales de violencia de género asesinadas en los últimos días y ha hecho un repaso a las iniciativas puestas en marcha por su ministerio.

Así, ha destacado la consulta pública previa a la adopción de una Ley Integral Contra la Trata, en cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia), así como la creación en las comunidades autónomas de centros de crisis 24 horas para atender a mujeres víctimas de violencia sexual.

De la misma manera, ha hecho un repaso destacando las mejoras que se han realizado en los servicios con los que ya cuenta el ministerio, tales como, por ejemplo, el teléfono 016 que atiende a todas las formas de violencia contra las mujeres, en cumplimiento de las prescripciones contenidas en el Convenio de Estambul, y un whatsapp habilitado para canalizar la información y asesoramiento jurídico en esta materia.

Futura Ley Contra la Trata

En relación a la futura ley contra la trata, la Fundación CERMI Mujeres ha puesto de relieve sus aportaciones en relación a esta legislación para “tomar en consideración a las mujeres con discapacidad víctimas de explotación sexual”. De la misma manera, ha aprovechado para exigir que los registros oficiales sobre violencia contra las mujeres incluyan indicadores de tipo de discapacidad y edad.

Por otro lado, la entidad ha solicitado que en el plan de estudios de la Delegación del Gobierno ponga en marcha una investigación sobre formas de reparación a mujeres con discapacidad víctimas de la esterilización forzada.

Durante el citado pleno, la ministra también ha hecho mención a la futura Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ‘Ley de sólo sí es sí’, que prevé que llegue en breve al Congreso de los Diputados.

Al tiempo que ha hecho alusión a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia que, entre otras cuestiones, da cumplimiento a demandas históricas como por ejemplo la eliminación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), por el que algunos padres acusan a su expareja de manipular a su hijos e hijas en su contra.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha puesto en valor el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente al componente 22, que contiene un plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión.

En el marco de este componente, ha destacado el plan ‘España te protege contra la violencia machista’, que tiene como objetivo extender y hacer accesibles los servicios de atención integral, cumplir con los estándares internacionales y el ordenamiento jurídico actual y prever la resiliencia de los servicios ante futuras crisis.

Retos en materia de violencia de genero

Entre los retos planteados en la reunión en materia de violencia de género destaca es la protección de las familias (reconociendo su diversidad) y la inversión en materia de infancia y adolescencia para romper el ciclo de las desventajas sociales.

Asimismo, se busca ampliar el servicio de atención telefónica y telemática con un nuevo servicio personalizado de orientación sociolaboral y de acompañamiento y extender los ya existentes (información, asesoramiento jurídico y atención psicológica y de contención emocional) para las víctimas de todas las formas de violencia, incluyendo a las víctimas de trata con fines de explotación y víctimas de explotación sexual.

El plan cuenta con una inversión de 153 millones de euros para los próximos 3 años y a él están vinculados tres subproyectos centrados en la digitalización de los recursos del teléfono 016, al Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO) y dispositivos telemáticos de seguimiento.

Otro subproyecto de este plan es la creación de centros de atención integral para víctimas de violencia sexual o centros de crisis, en cumplimiento del art. 25 del Convenio de Estambul y del art. 34 del anteproyecto de garantía de la libertad sexual (se adelanta en el cumplimiento). También, en este punto, hay que recordar que el Grupo de Personas Expertas en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO) recomienda tomar medidas cuyo objetivo sea ofrecer ayuda de emergencia a víctimas de violencia sexual. Para la creación de estos centros

de crisis se cuenta con un total de 66 millones de euros, es decir, el 30% del total de la inversión que se ejecutará en 2021. Se prevé que estos centros abran sus puertas en 2023.

Asimismo, se va a trabajar en la elaboración de una nueva estrategia contra las violencias machistas que no sustituye al Pacto de Estado, sino que viene a consolidarlo. Hay que recordar que este Pacto de estado finaliza en 2022.

Entre otras cuestiones analizadas en esta reunión destaca, además de la aprobación del XII Informe Anual del Observatorio; la modificación del Real Decreto del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer; la nueva encuesta europea sobre violencia, en la que participará la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género; el acuerdo entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Igualdad; y la propuesta de Plan de estudios de la propia delegación, que entre otras cuestiones, abordará las prácticas de reparación de violencias machistas.