(Madrid, 17 de mayo de 2021).- El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, asegura que “la reforma histórica que incorpora el Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ensancha el espacio de derechos de las personas con discapacidad”.
Así lo manifiesta Pérez Bueno en un artículo de opinión publicado en el número de mayo-junio de la revista ‘Escritura Pública’ que edita el Consejo General del Notariado, en el que recalca que, “con esta mejora legal –meditada, dialogada, madura y madurada, certera, co-creada–, con vocación de permanencia y utilidad social sostenidas, representa una mejora, un logro para el país”.
Esta gran reforma del Derecho Civil en materia de discapacidad se aprobará definitivamente este miércoles en el Congreso para entrar en vigor. Se trata de un Proyecto de Ley hacia el que el movimiento social español de la discapacidad, representado por CERMI, ha expresado su apoyo global, firme y decidido. “Era una iniciativa legislativa, en nuestra opinión, necesaria, pertinente y certera, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas”, destaca el presidente de la plataforma de la discapacidad.
En este sentido, el presidente agradece el respaldo de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Juridicial y la Fiscalía General del Estado, así como de los operadores jurídicos.
De este modo, Pérez Bueno asegura que “el Derecho puede y debe adquirir una nueva forma de relacionarse con la realidad de la discapacidad”. “Debe ser un modo apreciativo y respetuoso que acompañe y promueva, que sirva de resorte para el acceso y el ejercicio pleno de todos los derechos, de alguien cuya posición en la sociedad ha sido la de apartamiento, segregación y exclusión, sistémica y estructural”, resalta.
De esta manera, relata las principales cuestiones que aborda esta transformación como la sustitución de un sistema paternalista hacia uno de apoyos, que, según Pérez Bueno, “viene exigido imperativamente por los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos”.
Por otro lado, expone que “la plenitud de derechos por parte de las personas con discapacidad pasa ineludiblemente por el completo reconocimiento, sin mermas, de su capacidad jurídica”. Asimismo, asegura que “este proyecto de ley es, además, ejemplo de buena gobernanza normativa ya que su redacción fue encargada por el Gobierno al órgano más idóneo, la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, Secciones de Derecho Civil y Procesal”. De esta forma celebra el “impulso político recibido de tres titulares del Ministerio de Justicia y de sus equipos de signo político distinto, que se sitúa pues más allá de visión partidista, tantas veces angosta”.
Por último, manifiesta que se trata de “no restringir, sino apoyar, de no excluir, sino de acompañar cuando sea preciso, pero siempre respetando a la persona con discapacidad, a su autonomía, a sus deseos, preferencias y decisiones para que sea considerada igual en dignidad, en derechos y en capacidad y aptitud legales”.