• Así lo manifiesta la presidenta de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado en una entrevista publicada en el número 435 del boletín ‘Cermi.es semanal’.
• Enlace a todos los contenidos de la publicación de esta semana: http://semanal.cermi.es/boletin/1158.aspx

(Madrid, 7 de mayo de 2021). – La presidenta de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado, Mayte Fernández, afirma que en esta legislatura se materializarán “importantes” avances a favor de la inclusión, como modificar el artículo 49 de la Constitución para reforzar la protección de los derechos fundamentales y actualizar la terminología que alude a las personas con discapacidad, actualizar el baremo de la discapacidad, aprobar la Ley de Capacitación o reformar y dotar de fondos a la Ley de Propiedad Horizontal, entre otras iniciativas legislativas.

Así lo expresa en una entrevista publicada en el número 435 del boletín ‘Cermi.es semanal’, en la que destaca como logros en materia de discapacidad, la aprobación de la ley para erradicar las esterilizaciones forzosas en mujeres con discapacidad, y, por otra parte, el diálogo que desde su Comisión se realiza con las entidades de la discapacidad, representadas por el CERMI.

Para ella, “las leyes son las que nos hacen más iguales y mejoran nuestra democracia y eso sería imposible hoy sin la participación, en este caso, del CERMI, que representa a todos los colectivos y que quiero poner en valor”.

En cuanto al compromiso de su Comisión para promover acciones a favor de mujeres y niñas con discapacidad, asegura que su trabajo se centra en dar visibilidad y que harán todo lo que puedan aportar en el debate político para mejorar, ayudar e instar a modificar las normas para favorecerlas, al tiempo que manifiesta que su interés está en promover cuantas acciones sean necesarias.

En esta línea, reconoce que en política ha habido un giro en los últimos años. “Hemos pasado de trabajar para asistir a las personas con discapacidad a hacerlo para que la integración sea plena y real”, indica.

Además, en referencia a la Comisión de la Discapacidad del Senado, otro de los contenidos que recoge esta publicación es el apoyo de la Cámara Baja a la reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, que el Pleno del Parlamento podría debatir la próxima semana. Impulsada por el CERMI, esta reforma busca acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad y, en su lugar, propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma.

Asimismo, el boletín incluye una crónica sobre las diversas celebraciones por parte del movimiento CERMI en torno al 3 de mayo, Día Nacional de la Convención de la ONU, para el que elaboró el manifiesto con la principal reivindicación del derecho a las personas con discapacidad a una vivienda accesible, asequible e inclusiva’.

En relación a los ‘Premios cermi.es 2020’ entregados esta semana, destacan el concedido al Ajuntament de Barcelona por su “redoblado” compromiso con la accesibilidad universal, y a la Junta de Extremadura por su “rápida decisión política” de preservar la sostenibilidad económica del tercer sector de la discapacidad en la región.

Por otra parte, este número también recoge la campaña #personacondiscapacidad, promovida por CERMI Madrid con el objetivo de que se respete el uso adecuado de la terminología para referirse a las personas con dispacidad; y la presentación por parte del CERMI y CERMI CV del estudio jurídico ‘El ordenamiento Jurídico español y las personas con discapacidad: entre la autodeterminación y el paternalismo’, que avala la expresión “persona con discapacidad” como la terminología más adecuada para referirse a este colectivo.

Por último, entre otros contenidos, se incluyen los resultados extraídos de un informe presentado por la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) en respuesta a una demanda del CERMI, que indican que Canarias encabeza la clasificación autonómica de espera para obtener la valoración del grado de discapacidad con una media de dos años de demora, a la que siguen Andalucía, la Comunidad Valenciana y Asturias, todas con 18 meses, y Murcia, con 15.