La presidenta de Cermi Navarra, Mari Luz Sanz, recordó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ponen de manifiesto la obligación de contar con una educación inclusiva.
Así lo manifestó durante su ponencia, impartida durante las jornadas formativas que ha celebrado el Cermi Estatal para las estructuras gerenciales de los Cermis Autonómicos durante este jueves y viernes de manera virtual.
En concreto, durante su intervención, Mari Luz Sanz destacó estas dos herramientas como una convergencia para poder exigir que «la educación sea lo más inclusiva posible”.
Precisamente, Sanz hizo referencia al artículo 24 de la Convención de la ONU, por el que se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación y al ODS 4, que pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.
De la misma manera, la presidenta de Cermi Navarra aseguró que “la educación tiene que ver con el proyecto de sociedad que queremos y que si queremos una sociedad inclusiva la educación deberá serlo”. “La Lomloe supone una gran transformación, pero para ello es necesario un cambio de la mentalidad de los profesionales, profesorado de universidad y administraciones”, manifestó.
Asimismo, durante la jornada la presidenta del Cermi Canarias, Carmen Laucirica, puso sobre la mesa las conclusiones del estudio ‘Grado de inclusión de las personas con discapacidad en Canarias’ elaborado por Cermi Estatal y Cermi Canarias.
En este sentido, destacó que en esta comunidad “no existen planes o programas consolidados para la atención de personas con discapacidad”. De hecho, denunció, la Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021 y la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-2023, no cuentan con dotación presupuestaria y es posible que no todas sus medidas se lleven a cabo.
Además, Laucirica subrayó que hay legislación en Canarias pendiente de desarrollar como la Ley de Atención Temprana y la Ley de Servicios Sociales, y que la limitación de recursos disponibles en las islas menores hace que cuenten con una dotación insuficiente de los mismos para la atención de las personas con discapacidad.
Por último, el presidente de Cermi Comunidad de Madrid, Óscar Moral, hizo alusión, durante su ponencia, a los delitos de odio contra personas con discapacidad. En este sentido, hizo también referencia a la Convención de la ONU puesto que, a su juicio, gracias a esta herramienta se impone una “protección aún más global ante esta materia”.