El Día Internacional de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre, la plataforma representativa de la discapacidad denuncia el escaso cumplimento de la Convención de los Derechos del Niño en relación a la infancia con discapacidad.

A pesar de haber pasado 30 años de su promulgación, el movimiento cívico CERMI se lamenta que hay poco que celebrar, ya que existen quiebras sustanciales en el hecho de que el protagonismo y la intervención en la toma de decisiones de los niños y niñas con discapacidad se vean restringidos, afirmando que el derecho de la infancia con discapacidad a poder tomar decisiones en los asuntos que les afectan aún está muy lejos de verse respetado.

Para lograr su cumplimiento se han de eliminar las barreras existentes, los entornos excluyentes, estableciendo los medios y las medidas de apoyo necesarias para que estas niñas y niños puedan ejercitar su derecho a participar en la toma de decisiones siempre de acuerdo con su edad.

En un contexto de pandemia, el CERMI aplaude que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, en trámite en la actualidad, eximan del copago farmacéuticos a las y los menores  de 18 años con discapacidad, como venía reclamando la plataforma civil de la discapacidad.

Para el CERMI, “esta exención de copago en una prestación fundamental como la farmacéutica supondrá un alivio económico para miles de familias que tienen en su seno a un menor de 18 años con discapacidad y que se enfrentan a un sobrecoste que pueden llegar al 40% respecto de las familias en las que no hay situaciones de discapacidad”.

“Además, los menores con discapacidad, precisamente por su circunstancia, pueden ser consumidores más intensos de medicamentos, lo cual supone más gasto en esta prestación, por lo que exonerarlos de copago aligerará el esfuerzo familiar, mejorando el acceso a productos esenciales para el tratamiento y curación de enfermedades y patologías, relacionadas o no con su discapacidad”, zanja el Cermi.

Pero el CERMI recuerda que la pandemia no puede ser excusa o coartada  para limitar el derecho humano a la salud de las niñas y los niños con discapacidad comprometiendo sus tratamientos de atención temprana o rehabilitadores, imprescindibles para su desarrollo social e individual.