El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados se ha reafirmado en su oposición a cualquier intento de rebajar la regulación legal, en trámite en estos momentos, de la accesibilidad cognitiva, en los términos en los que surgió del Senado.
Así se lo ha manifestado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en una reunión mantenida este martes, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Marga Prohens, que ha tildado de «inaceptables» las enmiendas presentadas por los el PSOE y Unidas Podemos, que desactivan la iniciativa legislativa.
Junto a Prohens, han participado en este diálogo con el Cermi los diputados Carmen González, Carmen Navarro y Pepe Ortiz.
Durante el encuentro, Maribel Cáceres, miembro del Comité Ejecutivo del Cermi y de la Junta Directiva de Plena Inclusión, mujer con discapacidad intelectual, relató a los diputados populares lo que implica en su día a día no entender una convocatoria de unas oposiciones o la propia factura de la luz por carecer de accesibilidad cognitiva, déficit que ahora se trata de cubrir voluntariamente por las propias organizaciones de la discapacidad.
Por su parte, el delegado de Derechos Humanos del Cermi, Jesús Martín, reivindicó «poder anclar el derecho a comprender y participar del entorno en una ley, ya que es la vía más garantista para hacerlo efectivo». Añadió que extender derechos a las personas en situación de vulnerabilidad debería ser la norma en democracia, máxime cuando este avance, además de a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, también beneficiaría a personas mayores con problemas de lectoescritura y personas migrantes.
Asimismo, Martín subrayó que con la regulación de la accesibilidad cognitiva se contribuirá a hacer extensivo el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, recogido el artículo 24.1 de la Constitución, ya que «se derribarán muchas barreras que impiden el acceso de estas personas a la Justicia».
El Grupo Popular se ha comprometido con el movimiento Cermi a trabajar para que esta mejora de la ley general de los derechos de las personas con discapacidad pueda ver la luz y supere las trabas que está encontrando por parte de los grupos políticos que apoyan al Gobierno.