• El presidente del CERMI advierte de que la pandemia ha agravado la situación de las personas con necesidad de apoyos y que las cuestiones de dependencia estén en “posiciones marginales” en la agenda política

• Critica también que no se haya tramitado la ILP del CERMI de 2015 contra los actuales criterios de copago “confiscatorio” en dependencia, pese a la firma de 740.000 personas

• Luis Cayo Pérez Bueno ha abordado estas cuestiones durante una entrevista con la revista ‘Perfiles’ que, además, publicará de forma ampliada ‘Cermi.es semanal’ este viernes

(Madrid, 5 de octubre de 2020).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado el “fracaso” del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y ha exigido su “refundación”, ya que las personas con grandes necesidades de apoyos tienen “la sensación de haber sido estafadas”.

“Se les prometió la cuarta pata del Estado del bienestar, y 14 años después, este pretendido nuevo dispositivo de protección social está en condiciones calamitosas: sin apenas financiación, con largas esperas, prestaciones nada inclusivas y de baja intensidad, copagos confiscatorios, irrelevancia de las propias decisiones, escaso reconocimiento a la iniciativa social, una gobernanza muy defectuosa, etc. La retahíla de deficiencias podría continuar. De ahí, que hablemos de fallo sistémico, y de la necesidad imperiosa de refundación”, expone el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, en una entrevista con la revista ‘Perfiles’, que publicará de forma ampliada este viernes el boletín ‘Cermi.es semanal’.

Entre las claves que deben tenerse en cuenta para reforzar el SAAD, Pérez Bueno destaca la necesidad de dotar al sistema de “suficiencia financiera”; fortalecer la apuesta por la autonomía personal, que siendo la prestación prevista “más inclusiva, es la menos desarrollada, con diferencia”; garantizar la libertad de elección de la persona; la desburocratización y el refuerzo de la iniciativa social, y eliminar los criterios actuales de copago “confiscatorio”.

En este sentido, ha lamentado que el Parlamento siga sin tramitar la iniciativa legislativa popular (ILP) que el CERMI promovió en 2015 y que logró el apoyo de 740.000 personas para acabar con el copago actual. Así, critica que “la atención a la dependencia no nació como un derecho gratuito para la persona que precisa de esas prestaciones. Ha de participar en el pago, como se dice con un eufemismo hipócrita”.

CUESTIONES MARGINALES

Ante este escenario, el responsable del CERMI lamenta la falta de respuesta de la Vicepresidencia de Derechos Sociales: “La conclusión triste a la que llegamos es que la autonomía personal y la atención a la dependencia no son en absoluto una prioridad para ninguna administración. Están siempre entre las cuestiones marginales, de segundo o tercer orden”.

Y todo ello, explica Pérez Bueno, pese a que “la idea de un dispositivo de protección social como el SAAD es la de ofrecer apoyos a las personas en situación de dependencia y a su entorno para que su autonomía se maximice. Más autonomía trae más inclusión, más posibilidades de desplegar por sí mismas su proyecto de vida, menor necesidad de cuidados familiares, más empleo, más actividad económica de proximidad, desarrollo comunitario, etc. Todo son ventajas”.

Por otro lado, Pérez Bueno advierte de que la situación de las personas con necesidades de apoyos se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. “El impacto se puede calificar de devastador: en muertes, en desatención, en una exacerbación de la fragilidad de la que partían. Exclusiones del servicio esencial de la salud y a la atención sanitaria; servicios, prestaciones cancelados o suspendidos; incertidumbre sobre cuándo se reanudarán y en qué condiciones; más costes a su propias expensas para prevenir los contagios; pérdida de autonomía; afecciones a la salud mental; extensión de la soledad y el aislamiento, son solo algunos de estos efectos. El memorial de agravios es interminable”, zanja.