El relator Especial de Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Oliver de Schutter, denuncia cómo las personas con discapacidad disponen en general de menor acceso a los servicios de salud, a los sistemas de protección social y al empleo remunerado, lo que hace que sean más vulnerables a las consecuencias del Covid-19.

Así lo mantiene el relator en un nuevo informe sobre el impacto de esta pandemia en el mundo, presentado en respuesta a la resolución 44/13 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Según la investigación, estas personas comprenden el 15% de la población mundial, y junto a las personas en situación de dependencia, «tienen más probabilidades de ser pobres, afrontar mayores gastos de salud y vivir en hogares que están más expuestos a la inseguridad económica».

«A menudo están menos protegidas por el seguro social y de salud debido a la discriminación en el acceso al trabajo», explica, y tienen más posibilidades de quedar excluidas de «las complejas y cambiantes medidas de protección social» que en su diseño no tiene en cuenta sus particularidades.

En el informe, reclama «la construcción de datos desglosados por edad, sexo y discapacidad», que «permitiría brindar protección directa y acceso prioritario a alimentos y vivienda» a muchas personas sin recursos, «incluidas las mujeres con discapacidad y las mujeres que cuidan de dependientes». «Este es un primer paso para garantizar protección a los más vulnerables, incluso contra la violencia de género», apunta.

Asimismo, resaltó que «combinados con un apoyo internacional adecuado, los recursos nacionales pueden y deben movilizarse para garantizar a todas las personas el acceso a la atención médica y a unos ingresos básicos».

Así debería ser en el caso de los niños, los adultos que no pueden obtener ingresos suficientes debido a la enfermedad, desempleo, maternidad o discapacidad, y para las personas mayores que alcanzan la edad de jubilación.

LA HERENCIA DE 2008

Según el informe, «el mundo se hallaba mal preparado para hacer frente a los impactos socioeconómicos de esta pandemia, ya que nunca se recuperó de las medidas de austeridad impuestas a raíz de la crisis financiera mundial de 2008-2011».

El estudio subraya que el legado de las medidas de austeridad fueron «unos sistemas de salud pública mal financiados, un trabajo en el sector de cuidados infravalorado y precario, una disminución generalizada y prolongada de la participación de la renta del trabajo en la renta nacional bruta y altas tasas de desigualdad». Todo esto fue acompañado de una disminución media de los tipos legales del impuesto de sociedades.

El relator sostiene que, «con los servicios públicos en situación límite, una prestación monetaria de carácter puntual no representa más que una nimiedad para las personas que viven en pobreza, ya sea en países desarrollados, en vías de desarrollo o en aquellos menos desarrollados». De ahí la necesidad de reforzar los servicios públicos y los sistemas de rentas mínimas.

El informe recoge descripciones, datos y propuestas aportados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a partir de la experiencia española de la pandemia y de su impacto en la discapacidad. El CERMI participó en los trabajos previos de elaboración del informe contestando al cuestionario del Relator de la ONU recabando información.