La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se reunirá de nuevo la semana que viene a puerta cerrada para preparar el debate de la proposición de ley que busca ilegalizar las esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad cuya capacidad jurídica ha sido modificada con el fin de «agilizar el proceso» todo lo posible.

Así lo explicó a Servimedia Sara Giménez, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales para la Discapacidad, cuyo grupo en el Senado presentó la iniciativa.

Giménez, que participó este jueves en el primer encuentro preparatorio, aseguró que se ha acordado mantener «una o dos reuniones más, como mucho», a fin de terminar los trabajos previos.

De este modo, el debate de la propuesta de ley podría comenzar en octubre en la Comisión y, «si realmente somos ágiles, estar aprobada antes de que termine el año». De hecho, su grupo le ha trasladado a la presidenta de la Comisión la «importancia de que esta iniciativa se tramite con rapidez.

«A la vista de las mejoras en la vida de las personas con discapacidad que supone y teniendo en cuenta que la práctica totalidad de los grupos la apoyan, creemos que así será».

Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por Cermi Mujeres, la proposición de ley busca suprimir el párrafo del Código Penal que despenaliza las esterilizaciones no consentidas de personas incapacitadas judicialmente con la autorización de un juez. Todos los grupos del Senado salvo Vox apoyaron el texto.

El diputado del PNV en la Comisión de Justicia, Mikel Legarda, apuntó a su vez «el avance en la garantía de derechos» que esta modificación del Código penal traerá consigo.

Aunque España ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007, «nos hemos ido adaptando muy poco a poco». A su juicio, las modificaciones legales que este tratado implica «van llegando por goteo, y necesitamos avanzar más».