• Por una transición justa e inclusiva para las personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) es la expresión unitaria y global del movimiento social de las personas con discapacidad y sus familias en España para la incidencia, la representación y la interlocución políticas. Su misión principal es proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad, generando las condiciones para la garantía de la inclusión, la igualdad, el bienestar y la no discriminación. El CERMI fue designado oficialmente por el Estado español en 2011 como mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España y es considerado por Naciones Unidas como institución nacional de derechos humanos en el ámbito de las personas con discapacidad.

Asimismo, desde ese mismo año 2011 el CERMI cuenta con el estatus consultivo especial en ECOSOC.

1. LA EMERGENCIA CLIMÁTICA COMO PUNTO DE PARTIDA

El aumento de las temperaturas mundiales y las condiciones meteorológicas extremas están disminuyendo la productividad y poniendo en riesgo la salud de muchos trabajadores y trabajadoras. Se están destruyendo empleos en múltiples sectores como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo. En muchos casos, las condiciones de trabajo se ven afectadas negativamente por fenómenos meteorológicos extremos, como ocurre con el estrés térmico.

Una de las formas más alarmantes en las que el cambio climático se manifiesta en nuestras vidas es a través de cataclismos cada vez más intensos y más frecuentes, incluidos los de evolución lenta, como el aumento del nivel del mar; y los repentinos, como las inundaciones o los ciclones. Fenómenos como estos pueden suponer una pérdida desproporcionada de vidas y medios de subsistencia entre las personas con discapacidad, ya que comúnmente se encuentran excluidas de la planificación social y la toma de decisiones. Estas pérdidas ocasionadas por desastres pueden provocar una mayor marginación, creando un ciclo que refuerza la exclusión social y económica y aumenta la vulnerabilidad. De un modo alarmante, el 85% de las personas con discapacidad de 137 países que participaron en una encuesta de la ONU de 2013 indicaron que no han participado ni han sido consultadas en los procesos comunitarios de gestión de desastres. Por lo tanto, los sistemas de alerta temprana o de evacuación pueden no reflejar las opiniones y las necesidades relacionadas con la discapacidad de las personas con discapacidad. Su exclusión de la toma de decisiones y de la planificación de estos procesos las coloca en una posición con mayor riesgo de pérdida de vidas o de daño durante fenómenos climáticos y cataclismos, un riesgo que no debe pasarse por alto dada la mayor frecuencia e intensidad de los desastres relacionados con el cambio climático. 

2. LA TRANSICIÓN JUSTA EN CLAVE DE INCLUSIÓN

Una premisa fundamental para una transición justa es que quienes toman las decisiones para ecologizar la economía deben tener en cuenta a las personas que se ven afectadas por esta ecologización de sus economías.

Además, se requiere una combinación bien deliberada de normas jurídicas, políticas de protección social, diálogo social y programas de desarrollo de capacidades profesionales para garantizar que aquellos afectados negativamente reciban un apoyo eficaz durante la transición.

Una transición justa, de acuerdo con las directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos de la OIT, debe «contribuir al logro de los objetivos del trabajo decente para todos, la inclusión social y la erradicación de la pobreza».

El objetivo de la inclusión social y de «no dejar a nadie atrás» es fundamental para una transición justa. En este contexto, la inclusión adecuada de las personas con discapacidad y sus necesidades en la ecologización de los empleos, las energías y las viviendas es indispensable para garantizar una transición justa. De hecho, una transición no será «justa» si su aplicación no tiene en cuenta la marginación persistente de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo y los impactos desproporcionadamente adversos del cambio climático en las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta la situación de pobreza y excusión de la que parten las personas con discapacidad que pone evidencia la pobreza energética  y quiebras serias en el acceso a la vivienda.

Sin duda empoderamiento de las personas con discapacidad en una transición justa es fundamental para aprovechar su contribución y establecer unos objetivos más ambiciosos en materia climática, así como fortalecer la acción climática.

Un abordaje de transición justa tiene una dimensión económica con grandes afectaciones en la empleabilidad: las personas con discapacidad se han enfrentado históricamente a graves dificultades que obstaculizan su capacidad de contribuir equitativamente, lo que no solo es una violación de sus derechos, sino una pérdida para nuestras sociedades y economías. Muchas personas con discapacidad continúan sufriendo discriminación con respecto a las oportunidades, el trato y los resultados en el mundo del trabajo. Esto es evidente tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, ya que en términos de calidad, incluso cuando las personas con discapacidad están empleadas, se enfrentan a obstáculos, como malas perspectivas de promoción y malas condiciones de trabajo. También tienen más probabilidades de tener trabajos contingentes, a tiempo parcial y mal pagados. En general, esto no ocurre por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y en ausencia de otros medios de vida. En consecuencia, también se enfrentan a una falta de protección social.

Los efectos del cambio climático están exacerbando las dificultades de índole cuantitativa y cualitativa a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el mundo del trabajo. Por ejemplo, cuando se reducen las oportunidades laborales debido a las pérdidas económicas causadas por los desastres climáticos, las personas con discapacidad pueden tener dificultades para encontrar trabajo si los empleadores albergan ideas erróneas sobre sus capacidades laborales. Al mismo tiempo, las personas con limitaciones de movilidad y problemas de salud pueden sufrir estrés térmico, lo que haría que su trabajo manual se volviera peligroso o que les fuera difícil continuar realizándolo. Los fenómenos meteorológicos extremos pueden tener múltiples efectos en la vida de las personas con discapacidad, como accidentes, pérdida de accesibilidad o daños a sus dispositivos auxiliares, lo que puede afectar gravemente a sus medios de vida y empleos.

Asimismo, las personas con discapacidad sufren una mayor tasa de desempleo y pobreza, con dependencia de energías contaminantes y pocos recursos para transitar a una energía limpia. Una situación que provoca pobreza y vulnerabilidad energética en sus hogares.

La excesiva contaminación del aire merma la calidad de vida e incluso la esperanza de vida de muchas personas con discapacidad cuya salud es más vulnerable.

El cambio climático afecta especialmente a los mandatos del artículo 28 de la Convención de la Discapacidad, ya que produce mermas en el acceso a agua potable, energía e incluso  a una vivienda con condiciones de salubridad, especialmente en las olas de calor.

El acceso a productos de producción ecológica, con baja huella de carbono se convierten en productos de lujo para las personas con discapacidad por su alto coste, quedando muchas veces relegados a una alimentación menos saludable.

Para hacerlo bien, la voz, la agencia y el empoderamiento de las personas con discapacidad como actores para la acción climática y económica son indispensables y deben amplificarse para identificar las necesidades específicas y las brechas a las que se enfrentan las personas con discapacidad en todos los contextos. Diseñar una acción climática significativa y garantizar una transición justa depende de ello.

3. MARCO JURÍDICO

Una mayor participación y atención en la intersección de las personas con discapacidad, el trabajo decente y la acción climática es fundamental para abordar las desigualdades existentes, garantizar la adaptación eficaz y la mitigación del cambio climático, crear resiliencia y promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Existen cinco marcos y directrices internacionales que deberían estar en el centro de dicho compromiso y que son un importante instrumento para conseguirlo. Además, los instrumentos regionales y nacionales que no figuran aquí también deben tenerse en cuenta, cuando corresponda.

La Convención Internacional sobre de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, reitera, refuerza y desarrolla los derechos contenidos en otros instrumentos internacionales de derechos humanos y confirma que todos esos derechos se aplican a las personas con discapacidad. Los Estados Partes en la CDPD reconocen en el artículo 27 el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles. Los Estados Partes también se comprometen a adoptar medidas pertinentes, incluidas las mencionadas en la CDPD, como la accesibilidad, y velar por que se realicen ajustes razonables, para salvaguardar y promover la consecución del derecho al trabajo. Asimismo este Tratado pone especial énfasis en escuchar a las personas con discapacidad  y que participen en todas las políticas públicas a través de sus organizaciones representativas.

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, proporcionan la base para las iniciativas mundiales de la próxima década dedicadas a lograr un desarrollo sostenible, inclusivo y basado en los derechos. Los ODS hacen referencia explícita a la necesidad de incluir a las personas con discapacidad, también en el contexto de una transición justa. La inclusión de personas con discapacidad tiene especial relevancia en el énfasis de los siguientes ODS: erradicar de la pobreza (ODS 1); garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida (ODS 4); promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (ODS 8); reducir la desigualdad en y entre los países (ODS 10); y lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (ODS 11). Además, la meta 8.5 de los ODS, en particular la que dice: «de aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor», reconoce que el desarrollo sostenible solo es posible con la participación activa del mundo del trabajo en la creación de empleos decentes e inclusivos.

El Acuerdo de París de 2015 dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece un ambicioso plan para que las naciones combatan el cambio climático y aceleren e intensifiquen las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. Las Partes y los signatarios de la Convención reconocen que los esfuerzos para mitigar los riesgos del cambio climático deben respetar las obligaciones relativas a los derechos humanos, incluidos los derechos de las «personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables»18. Se recogen artículos específicos que hablan directamente de la importancia de garantizar que la adaptación esté basada en los derechos y sea inclusiva. Por último, el Acuerdo de París otorga particular importancia a los «imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional».

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030 establece un modelo para lograr la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres. Reconoce que la exclusión de la sociedad aumenta la vulnerabilidad y el riesgo de pérdidas ocasionadas por los desastres relacionados con el clima y provocados por el hombre, y pide explícitamente en todo el marco que se tengan en cuenta la accesibilidad, la inclusión y los principios del diseño universal. Cabe destacar dos puntos del acuerdo: (1) el llamado a integrar la perspectiva de discapacidad en todo el diseño y la aplicación de políticas, planes y normas en relación con la gestión de riesgos y (2) que los datos relacionados con la mortalidad por desastres, las pérdidas económicas y el impacto sanitario ocasionados por los desastres se desglosen por discapacidad a fin de generar una necesaria base empírica para la movilización de inversiones que tengan en cuenta los riesgos.

4. RECOMENDACIONES

La puesta en marcha de una transición justa hacia una economía de bajas emisiones de carbono que tenga como objetivo no dejar a nadie a la zaga requerirá una combinación específica de normas jurídicas que se ajusten a cada contexto y lugar, así como protección social, programas de desarrollo de competencias y un cambio en las actitudes que sirva para crear un entorno propicio para que se conserven los empleos verdes y proliferen las oportunidades de trabajo decente para  las personas con discapacidad. Si se hace bien, una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos puede contribuir a alcanzar objetivos como la justicia social, el trabajo decente, la inclusión social y la erradicación de la pobreza. En este momento único en que la acción climática se está acelerando y la transición hacia economías verdes ha comenzado a tomar forma, una transición justa, que es inherentemente inclusiva con la discapacidad, representa una oportunidad única para crear un futuro para todas las personas.

• Formular planes nacionales para una transición justa, creando trabajo decente y empleos verdes alineados con la Convención de la Discapacidad y la Agenda 2030.
• Establecer una fiscalidad justa que de incentivos a las personas con discapacidad a la hora de contratar energías renovables y productos con baja huella de carbono.
• Garantizar condiciones de salubridad y eficiencia energética en los hogares de las personas con discapacidad.
• Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias en las contribuciones determinadas a nivel nacional y en las estrategias y planes de transición justos a través de sus organizaciones representativas.
• Garantizar que los servicios públicos de empleo convencionales, incluidos los servicios especializados en empleos verdes, sean accesibles para las personas con discapacidad.
• Garantizar que todos los programas de desarrollo de competencias verdes, incluidos los sistemas de Formación Profesional y los programas de aprendizaje y emprendimiento, sean accesibles para las personas con discapacidad.
• Garantizar que las personas con discapacidad tengan prioridad en los planes para gestionar y reducir los efectos adversos del cambio climático a través de programas de protección social.
• Revisar los marcos jurídicos para garantizar que los empleos verdes y los contratos verdes promuevan la inclusión de la discapacidad; por ejemplo, añadiendo el requisito de emplear un porcentaje determinado localmente de personas con discapacidad.
• Incorporar la accesibilidad universal en todas las actuaciones de transición justa para que puedan llegar a las personas con discapacidad.
• Recopilar datos desglosados por discapacidad que incluyan la dimensión de género en los mercados laborales, incluidos los nuevos y emergentes sectores verdes.
• Las empresas deben promover alianzas con organizaciones representativas de la discapacidad, promover la inclusión de la discapacidad, incluso a través de la mejora de los procesos de contratación.
• Los sindicatos deben incluir cuestiones relativas a la inclusión de la discapacidad en su defensa de una transición justa.
• Las organizaciones ecologistas deben garantizar que sus intervenciones sean inclusivas con las personas con discapacidad.
• Las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en ámbitos relacionados con la discapacidad deben participar en los debates relativos al cambio climático y la transición justa a nivel mundial, regional y nacional.