“La Convención no está instalada aún en la conciencia colectiva, no hay cultura de derechos humanos respecto de las personas con discapacidad” Entrevista a Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI Estatal

— ¿Por qué es necesario celebrar este día?

Los días de están pensados para afirmar y recordar y compartir una causa, en este caso la de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La de su promoción, protección y efectividad, que es en esencia la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Si necesitamos invocar y predicar la Convención es porque esta no está instalada en la conciencia colectiva, porque no hay cultura robusta de derechos humanos para y respecto de las personas con discapacidad y porque todavía la visión y el trato a las personas con discapacidad está saturado de paternalismo, conmiseración y beneficencia. No es caridad, son derechos, derechos humanos.

— ¿Qué balance hace el CERMI de este primer año desde que se declarase este Día Nacional?

El propósito de los derechos humanos, reales y efectivos para las personas con discapacidad, es de largo aliento; no se materializará en un año, por desgracia necesitará un lapso temporal mucho mayor. Es una cuestión cultural, de mentalidad, y estas se forjan y se transforman a base de tiempo. Se trata de acelerar en todo lo posible, y la declaración del día nacional es un instrumento más para la toma de conciencia y una apelación a la acción. Este año último ha sido muy particular en la vida política, institucional y social española (inestabilidad política, ausencia de normalidad en el gobierno, Parlamento semiparalizado, etc.), y encima nos ha caído un cataclismo como la pandemia. No ha sido un año objetivamente propicio para el avance, pero ha servicio para ahondar en esta cultura de derechos humanos, el único enfoque admisible en referencia a las personas con discapacidad.

— ¿Cómo ha cambiado la pandemia del COVID-19 la situación de las personas con discapacidad en España?

A peor, claramente. Si algo podía ir peor, el COVID-19 lo ha agudizado hasta extremos insoportables. Por de pronto, el impacto de la pandemia es desproporcionadamente más intenso en las personas con discapacidad, castiga más severamente, en vidas, en contagios, en generación de pobreza y exclusión. Socava, debilita estructuras personales, familiares y del sector social que ya eran frágiles antes. Detiene las iniciativas en marcha y meterá un parón social y económico, que se llevará una década, por lo menos.

— ¿Qué se hace urgente ahora y antes no lo era tanto?

Ahora toca levantar acta del desastre, el atestado de este casi siniestro total que va a suponer la pandemia, sus efectos sociales y económicos. Requerirá toda la dedicación, casi absorbente, para minimizar y remediar, y que el daño no vaya a más. Pero al mismo tiempo, enseguida toca pensar en la reconstrucción del país, y en que esa tarea colectiva e ingente de resurgimiento, la discapacidad está en posiciones de remontada, que no se olvide o se relegue, como casi siempre ha ocurrido.

— ¿Qué reclama el movimiento en este día a todos  los poderes públicos, agentes sociales, operadores económicos, medios de comunicación y toda la sociedad?  

Las demandas son casi infinitas, cuando hablamos de discapacidad, de personas y familias, pero lo hemos centrado este año en el derecho a la salud, sin exclusiones ni excepciones. La pandemia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad extrema de las personas con discapacidad desde la óptica de la atención y cuidados de salud. Se nos ha negado esta semanas, ha habido casos sangrantes, de negación de atención médica, de descarte, por tratarse de personas con discapacidad, cuya vida, se piensa implícitamente, vale menos y es sacrificable. La negación la prescindibilidad de las personas con discapacidad está ahí y aflora con insolencia obscena en los momentos críticos.

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