El Parlamento Europeo, reunido en Pleno, aprobó el pasado jueves una resolución sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias, en la que emplaza tanto a las instituciones comunitarias como a los Estados miembro, entre ellos España, a respetar los derechos de las personas con discapacidad en la gestión de la crisis de salud ocasionada por el coronavirus.

En concreto, el texto acordado, en un numeral expresamente dedicado a la discapacidad,  pide “que las medidas adoptadas por la Unión y los Estados miembros respeten los derechos de las personas con discapacidad, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y además “destaca que debe prestarse especial atención a la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y garantizar que los servicios de asistencia y apoyo basados en la comunidad, necesarios en el día a día de las personas con discapacidad, reciban financiación y estén bien equipados y dotados de personal”.

Otros aspectos que el Parlamento Europeo insta a asegurar es “que la información pública sobre la pandemia de la COVID-19 debe ser accesible a la más amplia gama de personas con discapacidad, y que las personas con discapacidad deben estar incluidas en todas las medidas de protección de los ingresos”.

En relación con los cuidados médicos y de la salud, el Parlamento Europeo “insiste en que los Estados miembros deben prestar especial atención a la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, especialmente a la no discriminación en el acceso a los tratamientos médicos y a los cuidados urgentes, garantizando los derechos de las personas que viven en residencias, que corren más riesgo de infección, en particular las personas de más edad y las personas con discapacidad, y asegurándose de que los servicios de cuidados y asistencia basados en la comunidad, que estas personas necesitan a diario, estén financiados y dotados de equipos y personal”

Y enfatiza también en su acuerdo que “en que las medidas de confinamiento deben tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, que la información pública relativa a la pandemia de COVID-19 debe ser accesible a la más amplia gama de personas con discapacidad, y que las personas con discapacidad deben quedar incluidas en todas las medidas de protección de los ingresos”.

De igual modo, el Parlamento Europeo, en su resolución, “pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a las medidas de ayuda y mitigación de la crisis destinadas a los ciudadanos más vulnerables, las mujeres y los niños expuestos a la violencia doméstica, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad” y “recuerda que las medidas pertinentes deben estar en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizándose un acceso equitativo y no discriminatorio a los servicios sociales y sanitarios y adoptándose medidas específicas destinadas a proteger a las personas con discapacidad, sobre la base de consultas y de la participación de estas personas a través de sus familiares u organizaciones representativas, siempre que se adopten medidas que les afecten”.

El CERMI agradece a la eurodiputadas españolas Mónica Silvana González, Rosa Estaràs y Maite Pagazaurtundúa su activa y comprometida labor para que el Parlamento Europeo recogiera la dimensión inclusiva de la discapacidad en esta resolución, incorporando buena parte de las propuestas formuladas por el Foro Europeo de la Discapacidad y el propio CERMI.