La Fundación CERMI Mujeres ha planteado al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España que la futura Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, en fase de alegaciones en estos mementos, asuma con ambición y convicción la interseccionalidad derivada del género y la discapacidad, para que no olvide a las mujeres y niñas con discapacidad.

En un completo documento de aportaciones y propuestas de modificación y adición al texto del Anteproyecto entregado al Ministerio que dirige Irene Montero, CERMI Mujeres pone en el acento en la mayor exposición a las violencias sexuales de las mujeres y niñas con discapacidad, incluso señala formas privativas de violencia sexual que sufren específicamente este segmento de mujeres, como la esterilización forzosa, que requiere de respuestas legales más complejas e intensas.

Partiendo de una aplicación sistemática de los mandatos  contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos a favor de la igualdad de las mujeres y de las personas con discapacidad (la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, y la interpretación que de los mismos han hecho sus órganos de seguimiento), CERMI Mujeres ha formulado una prolija batería de enmiendas dirigida a reforzar la dimensión inclusiva de la Ley, mejorando considerablemente el texto de partida.

Una vez presentadas sus propuestas en el trámite formal correspondiente, CERMI Mujeres espera abrir un proceso de escucha y diálogo activos con el Ministerio de Igualdad para que todos estos planteamientos favorables a las mujeres y niñas con discapacidad sean recogidos debidamente en el texto legal que termine aprobando el Gobierno y la interseccionalidad de género y discapacidad sea acogida en una legislación de tal relevancia.