• Así lo ha trasladado la entidad a la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero

(Madrid, 31 de enero de 2020).- La Fundación CERMI Mujeres(FCM) ha pedido al Gobierno que la futura ley contra las violencias sexuales incluya la supresión de las esterilizaciones forzosascontra personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, una práctica que afecta sobre todo a las adolescentes y mujeres.

En una misiva dirigida a la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, la FCM valora positivamente que una de las primeras iniciativas que se vaya a promover desde este departamento sea el impulso de esta ley, que implicará una reforma del Código Penal para que el consentimiento de la víctima esté en el centro de la tipificación de los delitos sexuales.

“Precisamente,la violencia sexual es un asunto, por desgracia, íntimamente ligado a muchas mujeres y niñas con discapacidad que han sido esterilizadasy que, por ese motivo, ante la imposibilidad de quedarse embarazadas, se convierten en víctimas de violencia sexual perpetrada frecuentemente por familiares y personas muy cercanas a ellas”, advierte la entidad en su escrito.

Ante esta situación, la FCM, junto al CERMI, plantea que, aprovechando esta modificación del Código Penal, se reforme el artículo 156, cuyo segundo párrafo permite, como una excepción, la esterilización no consentida de aquellas personas con discapacidad que tienen modificada su capacidad jurídica.

En este punto, la FCM destaca que para el movimiento CERMI, esta cuestión es una de las “más urgentes” de la agenda política de la discapacidad y que, además, se trata de una práctica que atenta contra tratados internacionales de obligado cumplimiento como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidado elConvenio de Estambul.

Para esta entidad, “se debe aplicar a todas las personas con discapacidad, estén o no incapacitadas judicialmente, el mismo régimen que al resto de la ciudadanía, basado siempre en la voluntariedad y en el consentimiento informado”.

Por último, CERMI Mujeres se pone a disposición de Irene Montero para mantener un encuentro en el que abordar esta cuestión, “que una democracia avanzada y un país guiado por el respeto a los derechos humanos no puede tolerar más”.