La Relatora Especial de vivienda de Naciones Unidas, Leilani Farha, ha instado a los Estados miembro, entre ellos España, a reconocer que el derecho a una vivienda adecuada tiene un significado especial para las personas con discapacidad, dándoles prioridad en las políticas oficiales de vivienda.

Así consta en el informe sobre “Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada” elaborado por esta Relatora Especial, que tiene el encargo de hacer un seguimiento de la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto.

Leilani Farha resalta que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impone a los países signatarios unas obligaciones específicas, como el derecho a ajustes razonables, a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad.

Y añade, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el número desproporcionado de personas con discapacidad que se encuentran sin hogar constituye una violación del derecho sustantivo a la igualdad y como tal debe abordarse.

El CERMI, como mecanismo de seguimiento en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha participado con aportaciones sobre vivienda inclusiva en la elaboración de este informe, buena parte de las cuales ha sido recogidas en el texto final lanzado por Naciones Unidas.

Las Directrices de la ONU ofrecen a los Estados un conjunto de medidas que pueden aplicarse en las principales esferas que suscitan preocupación, como la falta de hogar y la inasequibilidad de la vivienda, la migración, los desalojos, el cambio climático, la mejora de los asentamientos informales, la desigualdad y la regulación de las empresas.

Todas las medidas de aplicación parten de la necesidad apremiante de reivindicar la vivienda como un derecho humano fundamental. La aplicación de las Directrices modificará sustancialmente el trato que brindan los Estados a la vivienda, con lo que se creará un panorama nuevo en el que pueda garantizarse la vivienda como un derecho humano para todas las personas.