Esta es una de las conclusiones del grupo de trabajo que el Cermi constituyó para elaborar recomendaciones y criterios comunes de cara a una regulación nacional de la asistencia personal. En la actualidad, representantes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de las comunidades autónomas han iniciado una serie de encuentros para elaborar un borrador que sirva de base para una regulación nacional de esta figura, que desde hace años exigen las asociaciones de personas con discapacidad.

Durante su participación en el tercer Congreso Internacional de Asistencia Personal organizado por la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif) que se celebró esta semana en Madrid, Pérez Bueno explicó que «la legislación laboral actual no permite estos contratos», ya que la figura del asistente personal no existe como tal.

Por eso, cuando un ciudadano con discapacidad intenta contratar a un asistente, «incurre en un ilícito administrativo, como le ha ocurrido a muchas personas, algunas de ellas muy conocidas». Para evitar este tipo de situaciones reclamó una fórmula específica.

Liderado por Predif, este grupo de trabajo también contó con la participación de Plena Inclusión (discapacidad intelectual), Autismo España, la ONCE y asociaciones de personas sordas, entre otros colectivos. Su apuesta es que la contratación de asistentes personales se equipare a la de un servicio residencial. De hecho, para calcular el coste de esta prestación se estima que sería equivalente a 11 horas de una plaza en residencia.

Según el presidente del Cermi, este servicio lo pueden prestar empresas privadas, «en cuyo caso debemos estar vigilantes para evitar abusos», pero «nuestra principal apuesta es que se ofrezca a través del tejido asociativo». Además, defendió la gratuidad total del servicio y, en caso de que los usuarios deban afrontar parte del coste, pidió que el copago «no sea confiscatorio».

REQUISITOS

Las recomendaciones del Cermi apuntan a que la formación exigida a estos profesionales «no impida la rápida generalización del servicio, que tanto se necesita». Así, propone una formación académica de 50 horas, dirigida a que los asistentes conozcan «la filosofía de vida independiente». Esto es, busca apartarse «de un servicio asistencial basado en los cuidados médicos» y concede mayor importancia a difundir los derechos de las personas con discapacidad.

Pérez Bueno explicó que «nuestra propuesta ofrece un modelo posibilista, que no es el ideal perfecto, pero que se adapta a la realidad de los servicios sociales en España, a los que todavía queda mucho por desarrollar».

Destacó que, por eso, «se incardina en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aunque «no sea el marco regulatorio más adecuado a nuestro juicio”. Y siempre estará como marco prescriptor y de referencia de esta figura la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, texto ineludible para su desarrollo en España.

Para poder acceder a un asistente personal, los usuarios deben acreditar su condición de persona dependiente (y por tanto con discapacidad), ya que «nos ajustamos a la ley de la Dependencia de 2006», recalcó Pérez.

Por ello, «rechazamos las restricciones que algunas comunidades han introducido en su desarrollo normativo posterior, como la limitación de la edad a los 65 años o la prohibición de que las personas con discapacidad puedan emplearse como asistentes personales.

En su opinión, cualquier persona que acredite estar en situación de dependencia y manifieste la voluntad de desarrollar un proyecto de vida autónoma para el que necesita estos apoyos tiene derecho a la asistencia personal, aunque supere los 65 años.

Del mismo modo, defendió que otras personas con discapacidad ejerzan esta profesión, «que supondría un nicho de empleo excelente para el colectivo». «Quién lo haría mejor?».