La Fundación Secretariado Gitano ha entrado a formar parte, a través de un representante designado al efecto, del Comité de Apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo que este órgano fortalece la perspectiva interseccional de la igualdad de trato.

Con esta incorporación, la no discriminación adquiere una dimensión más interseccional, la que afecta a un mismo grupo social que suma diversos factores de exclusión, mandato recogido en las recomendaciones del pasado mes de abril del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, tras la segunda revisión a España sobre el grado de cumplimento de este Tratado de Derechos  Humanos.

La Fundación Secretariado Gitano tiene como misión  la promoción integral de la comunidad gitana, desde la atención a la diversidad cultural. Esta misión está orientada a la promoción y al cambio social para permitir el acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios, bienes y recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

En el año 2011, el CERMI fue designado oficialmente por el Estado español como mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España. Eso le otorga una serie de atribuciones reforzadas en relación con Naciones Unidas y con el Estado español como signatario de este Tratado Internacional de Derechos Humanos.

Este reconocimiento ha alcanzado rango normativo al ser establecido, en virtud de lo contenido en la Disposición adicional primera del Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención.

Esta labor se articula a través de una Delegación Permanente de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, así como de un Comité de Apoyo, como instancia experta, abierto a la sociedad civil, que respalda y asiste al CERMI en esta tarea.

El Comité de Apoyo lo conforman representantes de la sociedad civil con organizaciones de derechos humanos y de la discapacidad, de la esfera parlamentaria, del ámbito institucional, los operadores jurídicos, la academia,  los agentes sociales, entre otros.