- Empezar a redactar algunas sentencias en lectura fácil, mejoras en la accesibilidad para personas sordas en el acceso a la justicia y la creación de una Fiscalía Especializada en Discapacidad son algunos de los avances en España
(Madrid, 20 de julio de 2019).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado para Naciones Unidas un informe con una relación de buenas prácticas en materia de acceso a la justicia de las personas con discapacidad en España, un ámbito en el que pese a los avances que se han conseguido en los últimos años, siguen existiendo barreras para este grupo social.
Esta recopilación realizada por el CERMI responde al requerimiento efectuado por la Relatora de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, a partir del cual confeccionará un estudio sobre buenas prácticas para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
El informe comienza citando una serie de acciones legislativas y políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho a la justicia en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Entre ellas, destaca la modificación en 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para transponer la Directiva de la UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva relativa al derecho a la información de las personas sordas en este ámbito.
También sobresale el hecho de que se reconozca el derecho a la justicia gratuita de las personas con discapacidad, así como la reforma de la Ley Orgánica del Jurado Popular para permitir que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales con los apoyos necesarios.
En cuanto a la acción del Ministerio Fiscal, las buenas prácticas se centran en la elaboración de circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se dan a todos los fiscales de España pautas concretas de unidad de criterio y de buenas prácticas en temas de carácter de interés público y social para la aplicación de este tratado internacional.
En este apartado destaca también la creación de una Fiscalía Especializada en Discapacidad y la puesta en marcha en la Fiscalía General del Estado de una plaza de primera categoría de Fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y mayores.
POBLACIÓN RECLUSA CON DISCAPACIDAD
El tejido asociativo de la discapacidad organizado en torno al CERMI lleva años denunciando que la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios tiene todavía carencias muy importantes, por lo que el informe de buenas prácticas elaborado por el CERMI resalta positivamente el hecho de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en colaboración con las organizaciones de la discapacidad, haya elaborado un protocolo de Actuación para personas con discapacidad en el medio penitenciario. Para analizar esta cuestión, el Defensor del Pueblo y el CERMI realizaron sendos informes en este sentido, en 2015 y 2008, respectivamente.
El estudio del CERMI contiene también un apartado con aportaciones de la Confederación Salud Mental España, organización que alerta, entre otras cuestiones, del doble estigma que supone para las personas con discapacidad psicosocial haber pasado por un centro penitenciario.
En materia de sentencias judiciales, el CERMI saluda que se hayan empezado a adaptar a lectura fácil fallos judiciales que afectan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en algunas comunidades autónomas. Además, el informe del CERMI enumera una batería de sentencias que contribuyen a sentar jurisprudencia para la implementación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
REPARACIÓN ANTE VULNERACIÓN DE DERECHOS
En otro orden de cosas, el trabajo del CERMI recoge una serie de acciones que se han puesto en marcha para promover el acceso efectivo a recursos y reparaciones en casos en los que los derechos de las personas con discapacidad hayan sido vulnerados, como la inclusión de las personas con discapacidad en el concepto de ‘consumidor vulnerable’ y diferentes sentencias que obligaban a revertir situaciones de falta de accesibilidad o la negación de determinados servicios de apoyo a personas con discapacidad.
Por otra parte, el documento enumera un conjunto de acciones implementadas que ponen de manifiesto la importancia de que los poderes públicos y operadores jurídicos trabajen tejiendo alianzas con el movimiento de la discapacidad. Así, en la judicatura y la abogacía, destaca toda la actividad del Foro Justicia y Discapacidad, conformado por el CGPJ, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General del Notariado (Fundación Aequitas), el Colegio de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, el CERMI y la Fundación ONCE.
Entre las acciones desarrolladas gracias a la colaboración con las organizaciones de la discapacidad también sobresalen acuerdos para redactar sentencias en lectura fácil; atender a víctimas de la violencia de género usuarias de lengua de signos; la instalación de bucles magnéticos en algunas comisarías para personas con sordera que son usuarias de prótesis auditivas, y la elaboración por el CERMI de la ‘Guía de fácil uso de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad para operadores jurídicos’.