- Durante un debate político que ha tenido lugar en el II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad, que se ha celebrado en Pamplona del 6 al 8 de febrero
(Pamplona/Iruña, 8 de febrero de 2019).- Los diputados Ignacio Tremiño (PP), Joan Ruiz (Grupo Socialista) y Marcial Marín (Ciudadanos) han puesto en valor este viernes el consenso político existente para seguir avanzando en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Así lo han manifestado durante una mesa de debate enmarcada en el II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad, que se ha celebrado en Pamplona del 6 al 8 de febrero en el Palacio de Congresos y Auditorio de Baluarte, y que ha sido organizado por el CERMI Estatal, la Fundación Derecho y Discapacidad y la Fundación Caja Navarra. El evento ha contado con la asistencia técnica de Fundación Koine-aequalitas y la colaboración del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, Garrigues, Thomson Reuters, el CERMIN y la Asociación Eunate.
Durante el debate, que no ha contado con la presencia de la invitada de Podemos por circunstancias personales de última hora, el diputado del PP Ignacio Tremiño, ha recordado su trayectoria en favor de las personas con discapacidad y ha puesto en valor las políticas sobre discapacidad impulsadas por el PP, “incluso en los años más duros de la crisis económica”. Desde su experiencia personal, ha relatado como ha cambiado la concepción social de la discapacidad, “que en este país ha tenido un pasado muy oscuro, pero durante los últimos 25 años se han conseguido importantísimos avances”.
Además, ha ensalzado el papel de las entidades de la discapacidad organizadas en torno al CERMI. “Los avances conquistados no son solo gracias a los partidos políticos, sino a la función que realizan las organizaciones de la discapacidad”, ha agregado.
El diputado del Grupo parlamentario Socialista Joan Ruiz ha dicho que, pese a la “presión política que existe en esta legislatura, en materia de discapacidad impera el espíritu de entendimiento. Nuestra agenda tiene un objetivo clarísimo, que es adaptar la legislación española a la Convención Internacional de la Discapacidad”, ha declarado.
Entre las medidas expuestas por Joan Ruiz, ha destacado los trabajos iniciados para la reforma del artículo 49 de la Constitución. Según ha explicado, “primero se iba a hacer una modificación solo para cambiar la terminología con la que el texto constitucional se refiere a las personas con discapacidad, pero después se decidió ir mucho más allá para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.
El diputado de Ciudadanos Marcial Marín ha puesto en valor avances como la dotación de carácter legislativo a la Comisión de Discapacidad del Senado, la reforma de la ley electoral para otorgar el derecho de voto a las 100.000 personas privadas del mismo por razón de discapacidad o la modificación en curso del Código Civil para adaptarlo a la Convención de la Discapacidad de la ONU. Pero además de estas cuestiones, Marín ha advertido de que “hay asuntos que, como la accesibilidad universal, no es tanto de legislar más, sino de cumplir las leyes que ya existen”.
De igual modo, se ha referido también a la iniciativa impulsada por Ciudadanos en el Parlamento para acabar con las esterilizaciones forzadas por razón de discapacidad, recogiendo así una de las principales demandas del CERMI y la Fundación CERMI Mujeres. “Legislar no es una tarea de los políticos, sino de toda la sociedad en su conjunto”, ha remachado.
INTERNAMIENTOS INVOLUNTARIOS
Previamente, ha tenido lugar la ponencia ‘Internamiento involuntario y consentimiento de las personas con discapacidad a los tratamientos médicos’, impartida por Irene Muñoz, asesora jurídica de Salud Mental España. Esta experta ha hecho un llamamiento para que se acabe con prácticas como los internamientos involuntarios o las esterilizaciones forzosas, en línea con la Convención Internacional de la Discapacidad. “Cuando se produce un ingreso involuntario o se anula la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, se trata de un fracaso del sistema sociosanitario”, ha ahondado.
Muñoz ha repasado las obligaciones legales derivadas de tratados internacionales que hacen que España deba abolir este tipo de prácticas y ha resaltado que “todavía falta sensibilización sobre la igualdad de derechos de las personas con discapacidad”.
Por otro lado, Isabel Urzainqui, abogada y expresidenta de la Asociación Navarra de Síndrome de Down, ha ofrecido la ponencia ‘La Convención de la ONU como fuente del derecho Civil Foral Navarro’, quien ha comenzado su intervención ensalzando el “gran hito” que supuso la aprobación de la Convención de la Discapacidad. Además, ha explicado cómo se ha incluido la discapacidad en el Fuero de Navarra. Entre otras cuestiones, se ha reforzado la protección de las personas incapacitadas legalmente cuando se producen “abusos de influencia” y “excesos”.
Igualmente, ha indicado que el Fuero recoge medidas para reforzar la capacidad económica para personas con discapacidad con bajos ingresos, con el fin de luchar contra el mayor riesgo de sufrir exclusión social.