El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Gobierno, al Parlamento y a las Comunidades Autónomas que devuelvan a la vida a La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que 12 años después de su entrada en vigor, que se cumplen hoy, languidece, con gran frustración de las personas mayores y con discapacidad que necesitan de este dispositivo de protección social.

Transcurridos 12 años desde que comenzó a surtir efectos la Ley, el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia que esta creó, lejos de estar consolidado y en progresión, aparece frágil y decaído, muy
lejos de los objetivos de cobertura y satisfacción de necesidades sociales para el que se había programado en 2006.

Con casi un tercio del total de las personas con prestaciones reconocidas que no la reciben, el llamado ³limbo de la dependencia²; recortes generalizados que se exacerbaron a partir del año 2012, con excusa de la
crisis; un copago desbocado en muchos territorios; intensidades de protección muy bajas, casi simbólicas; nulo despliegue de prestaciones verdaderamente promotoras de la autonomía personal, como la asistencia personal, que carece siquiera de regulación de desarrollo; un sistema hiperburocratizado con retrasos y dilaciones intolerables en los trámites, son algunas de las deficiencias más acusadas de este dispositivo que requieren una respuesta política y presupuestaria urgente y de primer orden.

Además, en muchos dominios la aplicación de la Ley por las Administraciones no se ajusta a los principios, mandatos y valores de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad   de Naciones Unidas, por lo que debe ser reorientada desde un enfoque inclusivo y exigente de derechos humanos.

La protección contra la dependencia y la promoción de la autonomía personal en clave de derecho subjetivo y garantía de cobertura pública es una conquista social que no puede ser arrebatada de ningún modo, por lo que solo cabe un gran pacto político y social de auténtica revitalización de la Ley 39/2006.