El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad(CERMI) ha lamentado que «año tras año se repitan las mismas vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad», como pone de manifiesto el informe que la entidad realiza anualmente para analizar la situación de los derechos humanos en materia de discapacidad en España.

Así lo ha expresado el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, durante un encuentro informativo celebrado este jueves en la Torre ILUNION, que ha contado con la participación de la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, y de la directora del Departamento de Colaboraciones con Entidades Sociales del Área Social de la Fundación Bancaria La Caixa, Joana Prats.

Jesús Martín  ha explicado que, a partir de la información que contiene el décimo informe del CERMI, correspondiente a 2017, «lo esencial es que se cumpla de manera real y efectiva la legislación vigente, empezando por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento por parte de los países que la han ratificado, entre los que se encuentra España. En su opinión, es fundamental adaptar el ordenamiento jurídico español a este tratado internacional.

Según ha subrayado, el ámbito sobre el que más denuncias se siguen recibiendo es de la accesibilidad universal, «pese a que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que se dio España en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles, algo que claramente se ha incumplido y que supone un fracaso como sociedad».

Tras la accesibilidad, los aspectos que han motivado en 2017 más denuncias han sido el del empleo y el derecho a una vida independiente (artículos 27 y 28 de la Convención, respectivamente).

Del mismo modo, Martín ha criticado que se siga vulnerando en España el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad, como ya puso de relieve el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en un informe. «No reconocía a mi propio país», dice Martín sobre dicho documento.

Por otro lado, se ha referido a la «especial vulnerabilidad» de las personas con discapacidad que residen en el entorno rural, cuyas reivindicaciones recogía el CERMI la pasada semana en la «Declaración de Cuenca»; un documento político aprobado por el Comité Ejecutivo de la entidad. «La Convención de la Discapacidad es de obligado cumplimiento también para las administraciones locales, provinciales y autonómicas, y desde el CERMI no vamos a dejar a estas personas atrás», ha remachado.

Pese a lo que queda por mejorar en materia de derechos de las personas con discapacidad, el delegado del CERMI de Derechos Humanos ha incidido en aspectos relevantes de mejora que se han producido, como es el caso de la inminente aprobación de la reforma de la ley electoral para devolver el derecho al voto a las 100.000 personas con discapacidad privadas del mismo.

Por ello, se ha mostrado optimista de cara al futuro sobre la mejora en la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. «El tejido asociativo de la discapacidad seguirá trabajando con fuerza, porque a las personas con discapacidad nos gustan los retos. Está en nuestro ADN», ha aseverado.