Tras haber logrado la materialización de la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para reponer en el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, que el próximo jueves será aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) centrará en las próximas semanas y meses su tarea de incidencia política en la erradicación de la esterilización forzosa del Código Penal.

La admisión de la esterilización forzosa o no consentida para personas incapacitadas judicialmente -mujeres y varones, pero que se aplica fundamentalmente en la práctica a mujeres con discapacidad- en nuestra máxima norma penal, es la vulneración más grave de los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad que persiste en el ordenamiento jurídico español.

Por tal razón, el movimiento social organizado de la discapacidad (CERMI y Fundación CERMI Mujeres) intensificará su acción de propuesta y presión ante el Legislador y el Ejecutivo para conseguir la modificación del artículo 156 del Código Penal vigente, que admite la posibilidad de esterilizar a personas incapacitadas judicialmente sin su consentimiento.

La esterilización forzosa choca frontalmente con los mandatos del artículo 23 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que consagra el derecho, que los Estados parte, entre ellos España, han de respetar, a que “las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás”.