La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha pedido a los Fiscales encargados de personas con discapacidad y mayores, reunidos hoy en Madrid en la II Jornada de Fiscales especialistas en la materia, que proporcionen la máxima protección legal a las mujeres y niñas con discapacidad, que están más expuestas a sufrir violencia, agresiones, maltrato y abusos.

En su intervención, la coordinadora de la FCM, Isabel Caballero, ha expuesto las cuestiones más lacerantes que inciden en las mujeres y niñas con discapacidad desde el punto de vista de la protección de sus derechos como son la esterilización forzosa, la incapacitación legal, los internamientos no voluntarios, la violencia de género, los delitos de odio, y las conductas de acoso y hostigamiento, sobre todo en el medio educativo y en los canales y soportes digitales.

También ha expresado la preocupación del movimiento social de la discapacidad por las personas reclusas con discapacidad y en especial por las mujeres privadas de libertad, que se encuentran en una situación crítica, desprovistas muchas de recursos y medios para hacer valer sus derechos.

La representante de CERMI Mujeres ha planteado a los integrantes del Ministerio Fiscal que maximicen todos lo instrumentos que los fiscales tienen a su disposición, como promotores de la acción de la Justica y la defensa de la legalidad, para ponerlos al servicio con total intensidad de los derechos, la inclusión y el bienestar de las mujeres y niñas con discapacidad.

Además de la FCM, ha participado también en esta jornada Jesús Martín Blanco, delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU del CERMI Estatal, que ha hecho un llamamiento para que la Convención de Discapacidad de Naciones Unidas de 2006 sea el marco referencial y prescriptor que guíe al Ministerio Fiscal en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, enfatizando el papel de la Fiscalía en la persecución de los incumplimientos sostenidos y estructurales en materia de accesibilidad universal, que se convierten en devastadoras discriminaciones y que vulneran el derecho constitucional de la igualdad.