El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denuncia las múltiples colisiones de la legislación penitenciaria con los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que supone un castigo añadido a la población reclusa con discapacidad.

Ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el Reglamento que la desarrolla, tato por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad por lo que necesitan con urgencia una actualización para acompasarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad.

La normativa penitenciaria vigente en España ignora la situación y las necesidades específicas de las personas reclusas con discapacidad, así como cualquier acción positiva que compense las desventajas que induce el medio carcelario, colocándonos en una posición de mayor vulnerabilidad en un entorno ya de por sí duro y hostil para cualquier interno.

Ante este estado de cosas, el CERMI reclama al ministerio del Interior la constitución de un grupo de trabajo con representación de todas las instancias interesadas, incluido el sector social de la discapacidad, que prepare una propuesta articulada de reforma de la legislación penitenciaria española, que la adapte a la Convención de la ONU de la discapacidad.