El Defensor del Pueblo ha instado al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, Migraciones y seguridad Social, a dar cumplimiento al mandato legal de 2011 sobre medidas de fomento de la inclusión laboral de personas con capacidad intelectual límite.

Ante una queja a la Institución del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Defensor del Pueblo informa que se han reabierto las actuaciones para hacer efectivo el contenido de la Disposición adicional sexta, de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, requiriendo a dicha Administración a que envíe información actualizada sobre las medidas que se puedan implantar para fomentar la inclusión laboral de personas con capacidad intelectual límite.

En su denuncia, el CERMI señalaba la desidia de los sucesivos Gobiernos en desarrollar reglamentariamente este mandato legal, que casi tras siete años de vigencia sigue incumpliéndose tanto por Empleo como por Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

La Ley de 2011 ordenaba al Ejecutivo a aprobar un desarrollo reglamentario que permitiera a las personas con capacidad intelectual límite que no alcanzaran el 33 % de grado de discapacidad poder acceder a los incentivos y medidas de promoción laboral en el ámbito del empleo privado.

Ese mismo año de 2011, el CERMI presentó al Gobierno una propuesta de norma de desarrollo articulada que fue ignorada por los responsables gubernamentales, sin que plantearan ninguna alternativa ni promovieran una iniciativa propia.