- La violencia ejercida contra cualquier persona con discapacidad, y especialmente contra menores, a cualquier nivel y en cualquier ámbito, genera una mayor vulnerabilidad en la persona
- Las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia y la sufren con más frecuencia
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) condena firmemente los hechos denunciados por la familia de un niño con Autismo sucedidos, presuntamente, en el Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal de Getafe, Madrid.
Según los hechos denunciados, de los que se han hecho eco los medios de comunicación, han sido imputadas tres trabajadoras del centro por presuntos malos tratos al niño; la denuncia ha llegado al juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Getafe, y el juez ha llamado a declarar como investigadas a la tutora del niño, a otra profesora de apoyo y a una auxiliar de enfermería del centro.
Desde el CERMI Comunidad de Madrid rechazamos de plano estos hechos, gravemente discriminatorios, que constituyen una violación de los más elementales derechos que asisten a toda persona. La violencia ejercida contra cualquier persona con discapacidad, y especialmente contra menores, a cualquier nivel y en cualquier ámbito, genera una mayor vulnerabilidad en la persona e incluso puede agravar o producir la propia discapacidad, con secuelas tanto físicas como psicológicas (lesiones físicas, tristeza y depresión, bajo rendimiento escolar y problemas de atención, aislamiento, nerviosismo, comportamientos violentos en otros contextos, etc.).
Las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir violencia, la sufren con más frecuencia, son más vulnerables a sus efectos y están más expuestas a cualquier forma específicas de abuso.
El CERMI Comunidad de Madrid exige a la Justicia que actúe al respecto para que sucesos como este no vuelvan a producirse, y pide un compromiso firme y claro de todas las Administraciones Públicas implicadas en la protección de las personas con discapacidad.