El Salón de Tapices del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia ha acogido este martes un seminario organizado por el CERMI y la plataforma del Tercer Sector 

La jornada ha contado con la participación de agentes sociales como UGT, CCOO y CEPES

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Fernando Valdés Dal-Ré, ha afirmado este martes que “los derechos sociales, en el sistema jurídico español, exigen una protección muy superior a la que hoy se les reconoce”.

En estos términos se ha pronunciado este magistrado durante su intervención en el seminario ‘La reforma social de la Constitución Española. Constitucionalización como fundamentales de los derechos sociales’, organizado por el CERMI y la Plataforma del Tercer Sector (PTS), que se ha celebrado en el Salón de Tapices del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia.

“El Derecho Social es ajeno a nuestro Derecho Constitucional, porque sólo el artículo 42, de manera fugaz, habla de derechos económicos y sociales referidos a los trabajadores españoles en el extranjero”, ha señalado el magistrado, que ha comentado que “los derechos sociales no se pueden entender en oposición a los derechos políticos y civiles”.

Además, ha explicado que en ocasiones se defienden determinados derechos sociales enlazándolos con los fundamentales. “Los derechos sociales son objeto de una especial protección, pues hay una conexión directa del derecho fundamental con el social”, ha agregado.

 

 

AGENTES SOCIALES

Paula Guisande,secretaria de Política Social y Movimientos Sociales de CCOO, durante la mesa ‘La formulación de los derechos sociales en la Constitución: la visión de los agentes sociales’, ha defendido la necesidad de reformar la Constitución Española, un texto que, en el momento de su aprobación era muy avanzado, pero que ahora, 40 años después, ve agotados algunos de sus principios y objetivos.

En este sentido, ha puntualizado que esta futura reforma no debe limitarse, a su juicio, a la articulación territorial, sino tener en cuenta otras cuestiones relacionadas con el ámbito social, y por supuesto, laboral. “Es necesario fortalecer los derechos sociales para que dejen de ser meros principios, sino derechos objetivos, que puedan reclamarse  directamente ante el ámbito judicial”, ha subrayado.

Según ha explicado Guisande, desde Comisiones Obreras abogan por fortalecer los derechos básicos y unos ingresos mínimos que garanticen la supervivencia de los trabajadores y sus familias. En relación a esto, ha defendido el derecho al trabajo para promover la dignidad, calidad y estabilidad en el empleo, para no vulnerar la justicia y la igualdad.

Guisande se ha mostrado pesimista en cuanto a la futura reforma constitucional y por ello, ha dicho que hay que buscar alternativas “más factibles” para atender los derechos sociales lo antes posible. Así, ha matizado la elaboración de una Carta de Derechos de los Trabajadores que enmarcaría legislación laboral y los elementos para su interpretación y aplicación.

En esta línea, la secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, ha ahondado en la importancia de los conceptos de ‘igualdad de oportunidades’ e ‘igualdad de trato’, explicando que “para que la igualdad de oportunidades sea efectiva, es necesario garantizar la igualdad de trato, sobre todo en el caso de los grupos sociales con más dificultades de inserción social, como es el de las personas con discapacidad”.

A juicio de Carrió, es imprescindible objetivizar los derechos sociales para que puedan llevarse siempre a la práctica y reclamarse cuando no se cumplan, puesto que “hay derechos que no tienen suficiente garantía jurídica, como puede ser el derecho a la vivienda”.

Para acabar con esta situación, la representante de UGT ha reclamado la aprobación de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, así como que se garantice que las políticas de empleabilidad lleguen a todas las personas. “En tiempos de crisis, cuando más necesarios son los servicios sociales, más se recortan. La crisis se usa para implantar políticas neoliberales que en nada benefician a determinados grupos de población”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, ha indicado que “a priori parece que la Carta Magna es un texto abierto, sólido, no encorsetado, de bastante actualidad y que permite muchas líneas de trabajo para seguir avanzando y construyendo marcos normativos adecuados a los tiempos”. Asimismo, ha añadido que “sienta las bases a los Poderes Públicos para garantizar todos los derechos que recoge la Carta Magna”.

“Lo que sí es cierto, es que Europa y nuestro país se encuentran en un horizonte de encrucijadas en cuanto al futuro modelo de organización de la sociedad, del modelo económico y del Estado, por lo que se exige a todos los agentes que aporten riqueza y empleo, un ejercicio de responsabilidad en torno a la articulación de un proyecto compartido que camine al pleno empleo, de calidad e inclusión, que acelere la convergencia y que además tenga en cuenta la realidad cambiante del mundo del trabajo. El futuro del empleo conllevará, sin duda alguna, modificaciones en las relaciones laborales”, ha remachado Pedreño.

En este sentido, ha comentado que es absolutamente necesario que los Poderes Públicos salvaguarden los derechos y garantías constitucionales y se corrija todo aquello que intercede en el desarrollo socioeconómico de un país.. “El sistema jurídico que tenemos abre muchas posibilidades para crear y modernizar los marcos normativos, sin necesidad de cambiar la redacción de la Carta Magna”, ha concluido el presidente de CEPES.

Por último, la vicepresidenta de la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiró; la vicepresidenta de la PTS y presidenta de la Plataforma de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Estrella Rodríguez, y la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, han sido las encargadas de concluir el seminario incidiendo en la necesidad de blindar los derechos sociales como fundamentales en una futura reforma constitucional para lograr un verdadero Estado social y de derecho.