El CERMI denuncia el «desmantelamiento» del modelo de IRPf social y el incumplimiento del mandato legal para que todos los espacios públicos sean accesibles
2017 ha sido el año en el que, ‘in extremis’, el Parlamento logró la independencia de personas sordas y ciegas para contraer matrimonio, tras aprobar la reforma del artículo 56 del Código Civil, ya que, hasta ahora, tenían que pedir un informe médico para casarse. Además, se dio luz verde a la norma que permite que las personas con discapacidad puedan formar parte de un jurado popular, que entrará en vigor en febrero de 2018.
Los cambios realizados en 2015 por el PP sobre el Código Civil recogieron en un artículo sobre el matrimonio que «si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento».
Fue el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) quien alertó al Ejecutivo de la presencia de esta medida «discriminatoria» para el colectivo y le pidió que actuara con rapidez, ya que este artículo se encontraba entre las normas que debían entrar en vigor el 30 de junio de este año.
Un día antes, el 29 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nuevo texto que fue refrendado por unanimidad por el Parlamento, en el que sí se establece el requisito del certificado médico, pero solo en casos «excepcionales».
En todo caso, con la entrada en vigor de esta reforma también se aprueba una nueva ‘vacatio legis’ a la Ley del Registro Civil, que entrará finalmente en vigor el 30 de junio de 2018, es decir, un año después de la última fecha prevista –ya que la aplicación de esta norma ha sido aplazada en diversas ocasiones–.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN JURADOS POPULARES
También el CERMI intervino en la reforma de otra normativa que, en este caso, entrará en vigor a partir del próximo mes de febrero. En este caso, se trata de una modificación de la Ley del Tribunal del Jurado que, actualmente veta la presencia de las personas con discapacidad «física o psíquica» en los jurados populares.
Con esta iniciativa, que también contó con la unanimidad de ambas Cámaras durante su tramitación, se adapta la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 en España, y que en su artículo 13 establece el derecho de acceso a la justicia de este colectivo, «incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos».
«Ahora es la Administración de Justicia es la que tiene la obligación, no solo de admitir a las personas con discapacidad, sino de proporcionarles medios y apoyos para poder efectuarlo. Materialmente una Administración tan menesterosa como la de Justicia, tendrá problemas sobre todo al principio, para atender esta obligación, persistirán barreras e impedimentos, pero el deber legal es claro y podrá exigirse«, subraya el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.
LO MÁS NEGATIVO: EL CAMBIO DEL MODELO DE IRPF SOCIAL
Pero 2017 es también un año en el que, «por desgracia», para Pérez Bueno, el hecho más relevante y «negativo» en materia social es el cambio del modelo de gestión de la asignación tributaria del IRPF de interés social (0,7 %), después de 30 años de vigencia, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional.
«Desaparece el sistema como tal –convocatoria centralizada, programas estatales a través de ONGs nacionales, pero de ejecución territorial– sin seguridades sobre su nueva orientación, y con dudas muy acentuadas acerca de su viabilidad, continuidad y eficacia», señala Pérez Bueno.
A su juicio, la «territorialización forzosa» de IRPF social, sin el surgimiento del fuentes de financiación alternativa para las redes estatales de ONGS sociales, «supone el mayor golpe dado a los pocos instrumentos de sostenibilidad social que le quedaban al Estado», que es «cada vez menos social» porque pierde, «sin apenas defenderlos«, los escasos canales de acción e intervención sociales que tenía. «Desde una consideración de política social, España a finales de 2017 es más pobre y desmantelada que al inicio del año», apostilla.
EL «FRACASO COLECTIVO» DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Si bien ha habido avances en cuanto a derechos de las personas con discapacidad, 2017 también ha sido el escenario en el que ha quedado patente que el incumplimiento del mandato legal de accesibilidad universal cuyo plazo acabó el pasado 4 de diciembre.
«Hemos asistido al fracaso colectivo, como sociedad y como país, de que el mandato legal de accesibilidad universal ha sido burlado», sostiene el presidente del CERMI, que denuncia que se haya llegado a la fecha límite con los deberes sin hacer, «evidenciando que España tiene aún muchas heridas abiertas, en materia de accesibilidad, por la que se desangran los derechos de participación e inclusión». Frente a esto, para Pérez Bueno, solo cabe la movilización cívica, «encarnada en una estrategia activa de denuncia, contestación y presión».
EL COPAGO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha premiado este año a las Cortes por su labor en materia de derechos de las personas con discapacidad. Sólo en esta última legislatura, el Parlamento ha aprobado estas dos iniciativas denunciadas por el CERMI pero, además, ha iniciado la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) del comité sobre copago en el sistema de independencia.
Tras reunirse con los grupos en el Congreso, fue el PSOE quien llevó al Pleno la reforma de la Ley de Dependencia para llevar a cabo la propuesta del CERMI en la que plantean que la capacidad económica del beneficiario, el patrimonio, la edad o el momento vital de aparición de la situación de dependencia se tenga en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.
También pretende dejar exentos de copago a aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.331 euros al mes; que la participación en el coste de los servicios supere el 60 por ciento, y que se garantice al menos una cantidad mínima para gastos personales no inferior al del 40 por ciento del IPREM correspondiente, es decir, de su capacidad económica.
Después de conseguir la mayoría en el Congreso, sin el apoyo del PP, para iniciar su tramitación, la norma se encuentra en fase de enmiendas que, previsiblemente, se debatirán a lo largo del próximo año.
REFORMA DE LA LEY ELECTORAL
Otros gérmenes de avances producidos en 2017, ha sido la decisión del Congreso, por unanimidad, de admitir a trámite una proposición de Ley de Reforma de la Ley Orgánica Electoral General para reponer en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad sin excepciones, iniciativa legislativa ahora en trámite parlamentario.
Este año 2017, asimismo, el Parlamento aceptó tramitar la ILP del CERMI contra el copago confiscatorio. También son reseñables, legislativamente hablando, las mejoras traídas por la Ley de Contratos del Sector Público, para lo social y discapacidad, y la reforma del marco regulador del empleo de trabajadores autónomos, que ha incorporado avances para la discapacidad a propuesta del CERMI.