Además de las ya de por si molestas barreras físicas, una parte importante de las personas con discapacidad tienen vetadas su condición de electores en cualquier proceso electoral y su tasa de empleabilidad es 40 puntos más baja que la media nacional. Estos son solo algunos de los argumentos de peso que se debatirán en el I Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad, un evento que convertirá a Elche del 15 al 17 de noviembre en capital mundial sobre la situación que atraviesa este colectivo.

Bajo la batuta del profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Antonio Luís Martínez-Pujalte, el congreso busca «realizar un examen» sobre la protección jurídica de la discapacidad, una cuestión que pese a los avances de los últimos años, la discriminación de estas personas «sigue siendo gravísima en España». Y todo, pese a que nuestro país se comprometió en 2006 a aplicar las recomendaciones de la convención de la ONU sobre los derechos de esta parte de la población.

«Aún nos queda mucho por hacer -asume el también patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, entidad que junto con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) organiza el congreso- se puede decir que España no ha hecho los deberes». Un ejemplo, «a situación flagrante» que impide a 100.000 personas con discapacidad mental poder votar. Le preguntamos qué motivos aduce la ley electoral y Pujalte explica que se resumen en dos: «se cree que son personas fácilmente manejables y que no tienen conocimiento suficiente sobre el sistema político».

«¿Y quién no lo es?» se pregunta a si mismo. «Todos somos influenciables y muchas personas ejercen su derecho al voto sin tener un conocimiento exhaustivo de los programas electorales», añade el que fuera concejal de Acción Social por el Partido Popular de Elche. «La cuestión de fondo es que el ejercicio del derecho al voto no puede estar sujeto a los conocimientos».

Otro de los problemas a los que se enfrentan los cerca de cuatro millones de discapacitados que existen en España es a la falta de oportunidades laborales. Frente a tasa de empleo en la población general del 62%, el colectivo discapacitado registra otra que baja hasta el 23%, denuncia Pujalte. «Estamos especialmente mal en comparación con la media europea» donde esta última tasa asciende al 47%, en un contexto, todo hay que decirlo de mayor ocupación.

Entonces, ¿qué ha fallado? A su juicio, en «España todavía cuesta mucho que las empresas contraten a personas con discapacidad y los incentivos que la legislación ha establecido desde hace cuatro décadas no han funcionado». La solución pasaría por establecer alguna obligación de reserva de puestos de trabajo para discapacitados para empresas por debajo de los 50 empleados, las cuales deben contratar al 2% del colectivo. Asimismo, el también director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe-Apsa de la UMH defiende subvenciones hacia las corporaciones «más generosas» e ir «canalizadas hacia la adaptación».

Detrás de esta y otras problemáticas subyace «una falta de conciencia» por parte de la sociedad que deriva en una también «falta de recursos económicos». «No hemos abandonado las ideas antiguas que pensaban que las persona con discapacidad eran enfermos a los que debíamos de proteger», acaba reconociendo este profesor universitario. Y todo porque «tenemos un Código Civil» que, unido a la «la mentalidad de los juristas», provoca que «una persona que tiene una discapacidad mental se le prive la capacidad jurídica -relata- y esto en muchos casos se trata de una incapacitación que en cierto sentido se traduce en su muerte civil».

Por último, le pedimos un diagnóstico de las políticas de igualdad de Elche, lugar del congreso, sobre las personas de discapacidad. «Aquí, y sin diferenciar entre PP y PSOE, estamos mejor que en otras ciudades; se ha trabajado y mejorado mucho», defiende el expolítico ilicitano. «Pero seguimos teniendo una gran asignatura pendiente»,aclara, y pone como ejemplo el incumplimiento por parte del consistorio de la normativa de accesibilidad para adaptar los edificios públicos a las personas con movilidad reducida.