El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las administraciones sociales –estatal y autonómicas- políticas, estrategias y acciones de desinstitucionalización real y efectiva respecto de las personas con discapacidad, con calendarios y dotación económica, pues de otro modo continuará la violación sistemática del derecho a vivir en comunidad, consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Como evidencia la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en un informe reciente titulado “De la institucionalización a la vida en comunidad”, el derecho a la vida independiente es más nominal que real en la mayor parte de los países de la Unión Europea, incluida España, que carecen de estrategias firmes, permanentes y eficaces de desinstitucionalización.

No solo no se avanza en el abandono de la institucionalización forzada o como único dispositivo de apoyo de vida para las personas con discapacidad, sino que se siguen creando y poniendo en servicio nuevos recursos de base o enfoque no comunitario, aislacionistas y segregadores, lo que contradice el tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad.

La institucionalización aísla, segrega y debilita como ciudadanos activos, presentes y participativos a las personas con discapacidad, condenándolas a posiciones periféricas en la vida social, sin poder de decisión sobre sí mismas y más expuestas a abusos y violaciones de sus derechos fundamentales.

El CERMI exige a las Administraciones tomar conciencia de esta realidad y elaborar y aprobar, tanto a escala nacional como autonómica y local, estrategias de desinstitucionalización y de tránsito activo a fórmulas de base inclusiva y comunitaria.