• El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, compareció este jueves en la Subcomisión para el estudio de una Estrategia Nacional de Justicia del Congreso de los Diputados

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó este jueves que la Futura Estrategia Nacional de Justicia incluya una dimensión inclusiva que garantice la atención a las necesidades específicas de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia.

Así lo puso de manifiesto el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia en la Subcomisión para el estudio de una Estrategia Nacional de Justicia, creada en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para alcanzar un acuerdo que sirva para mejorar la Administración de Justicia.

Pérez Bueno comenzó su intervención recordando que en España residen unos cuatro millones de personas con discapacidad, que si se tienen en cuenta a sus familiares, es una situación que atañe directamente a 12 millones de personas, de forma que en uno de cada cinco hogares vive algún miembro de la familia con discapacidad. Pese a estas cifras, Pérez Bueno denunció que todavía este grupo social no goza de igualdad de derechos en lo que al acceso a la justicia se refiere.

A su juicio, la futura Estrategia Nacional de Justicia debe tener como “principio rector que la legislación, las políticas públicas, la acción y las prácticas, en el ámbito de la Justicia en relación con las personas con discapacidad, se revisen y se ajusten con arreglo a los valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. Además, resaltó la necesidad de reforzar el diálogo civil entre los poderes públicos, el Judicial y los sectores y movimientos sociales.

El presidente del CERMI pidió incrementar la vigilancia ante el crecimiento de los delitos de odio por razón de discapacidad, así como desplegar las medidas favorables dirigidas a este grupo social recogidas en el Estatuto de la Víctima. Del mismo modo, reclamó la instauración de una Carta de Derechos de la Ciudadanía ante la Administración de Justicia con dimensión inclusiva, así como garantizar la accesibilidad de todos los servicios públicos de Justicia, teniendo en cuenta que el 4 de diciembre de este año concluye el plazo legal que España se dio en 2003 para que todos los bienes e infraestructuras de interés público fueran accesibles.

En materia de violencia de género, urgió a garantizar que todas las mujeres con discapacidad que sean víctimas de la violencia machista puedan acceder a la Justicia en igualdad de condiciones a la hora de denunciar y encuentren el acompañamiento necesario en todo momento. En este sentido, denunció que esta lacra afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad.

FISCALÍA ESPECIALIZADA

También planteó la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Personas Mayores; el diseño de Servicios de Orientación Jurídica por parte de los operadores jurídicos colegiales con intervención en la Administración de Justicia, y la revisión de la adscripción de determinados asuntos a la Jurisdicción más apropiada, como por ejemplo, residenciar las controversias en materia de dependencia en la jurisdicción social, algo que calificó de “urgente”.

Asimismo, el máximo representante del CERMI instó a reforzar la presencia de personas con discapacidad en la Administración de Justicia mediante medidas de acción positiva, como la adecuación de puestos de trabajo o la reserva de plazas. Igualmente, hizo un llamamiento para “reducir cargas y ritualismos innecesarios en los procesos donde participen personas de grupos sociales vulnerables con urgencia de tutela efectiva y rápida de sus derechos, como las personas con discapacidad”.

Por otro lado, aprovechó su intervención para exponer algunas de las demandas más importantes del CERMI en materia legislativa, como reformar la Carta Magna para incluir como fundamentales los derechos sociales; la aprobación de una Ley estatal de garantía de derechos y servicios sociales; la supresión de la esterilización forzosa o del internamiento involuntario por el hecho de tener una discapacidad psicosocial, o modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar el derecho al voto de las casi 100.000 personas que en este momento no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.

En el turno de intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios, el diputado de Compromís Enric Bataller pidió una Justicia “más abierta, humana y accesible”. Además, puso el acento en hacer de la Justicia algo “más cercano, tanto en el plano físico como mental”, lo que en su opinión, es especialmente importante para las personas con discapacidad.

Desde Ciudadanos, Marcial Gómez puso de manifiesto la necesidad de garantizar por igual el acceso a la Justicia a todas las personas y puso en valor el trabajo del CERMI, felicitando a la entidad por el ‘Premio del ciudadano europeo 2017’ concedido por la Eurocámara.

Ana Belén Terrón, parlamentaria de Unidos Podemos, hizo un llamamiento para que se tramite lo antes posible la iniciativa legislativa popular (ILP) del CERMI en materia de autonomía personal y de atención a la dependencia, con el fin de modificar los actuales criterios de copago en la prestación de estos servicios. Esta ILP logró recabar el apoyo de casi 740.000 españoles.

Como hiciera en su intervención el presidente del CERMI, la diputada socialista Sofía Hernanz indicó que “tenemos que felicitarnos hoy por la aprobación de la reforma de la Ley del Jurado para acabar con la exclusión de las personas con discapacidad a la hora de formar parte de este tipo de tribunales”. Por ello, agregó que “es un día para pedirles que sigan trabajando en la misma línea y que no desfallezcan”.

María Dolores Alba,, del PP, declaró que “la visión que nos aporta el CERMI siempre resulta enriquecedora y esclarecedora. Cualquier pacto que se pudiera alcanzar sería incompleto si no se tiene en cuenta la voz de los cuatro millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad”. Además, enumeró diferentes demandas del CERMI que se han ido atendiendo y poniendo en práctica durante el primer año de la actual legislatura.

Tras estas intervenciones, y ante la pregunta de en qué situación se encuentra España en lo que a legislación en materia de derechos de las personas con discapacidad se refiere, el presidente del CERMI cerró su comparecencia afirmando que “podemos decir que en el plano legislativo es un estado avanzado”, aunque lamentó que “muchas veces hay diferencias enormes entre lo que es la legalidad y su aplicación práctica, lo que genera decepción y frustración”.

Eso sí, evidenció “las ansias” del movimiento social de la discapacidad organizado en torno al CERMI para seguir trabajando de manera propositiva con las instituciones y partidos políticos para seguir progresando en materia de igualdad de derechos de las personas con discapacidad.