El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) examinará en un estudio las cargas administrativas que soportan las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado para plantear su reducción, aligerando así los trámites administrativos.

La Secretaría de Estado de Función Pública del ministerio de Hacienda y Función Pública ha encargado al CERMI, por cuarto año consecutivo, la realización de este informe, en consideración a su conocimiento y criterio experto sobre la realidad social de las personas con discapacidad y sus familias.

El CERMI se encargará de realizar, en colaboración con el ministerio, el estudio “Las cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad IV”, consistente en una labor de análisis de las obligaciones de información y cargas burocráticas derivadas del cumplimiento de la normativa vigente que afecten a las personas con discapacidad y a sus familias, suministrará información adecuada, participará en las funciones de análisis de las cargas administrativas y en la elaboración de propuestas de reducción de las mismas, simplificación, homogeneización y coordinación administrativa.

La actuación del CERMI se ajustará a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuanto a no discriminación, igualdad de trato y ajustes razonables.

El convenio en que se instrumenta esta colaboración firmado entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, aparece hoy publicado en el Boletín Oficial del Estado para general conocimiento.