El Pacto de Estado contra la Violencia de Genero, alcanzado por las fuerzas políticas a través de los informes del Congreso y Senado, incorpora de modo satisfactorio la dimensión inclusiva, lo que permitirá desplegar políticas, legislaciones y estrategias públicas favorables a la protección y el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad.

Así lo han valorado el Área de Género del CERMI y la Fundación CERMI Mujeres, que han participado activamente representando al movimiento social de la discapacidad en el proceso de preparación y elaboración de este Pacto mediante la formulación de propuestas, la aportación de estudios e informes monográficos, la comparecencia ante las Subcomisiones de ambas Cámaras y el diálogo estrecho con los grupos parlamentarios.

La agenda política y legislativa que se derivará del Pacto de Estado, una vez comience a materializarse, robustecerá la visibilidad, la conciencia y los instrumentos de prevención, protección, acompañamiento y apoyo a las víctimas con discapacidad de la violencia de género.

Las mujeres y niñas con discapacidad son un segmento social particularmente expuesto a la violencia de género, por lo que deben estar en el centro de toda acción pública y normativa contra este flagelo en cuyo combate la discapacidad organizada está comprometida con firmeza.